Teléfono rojo/José Ureña

• El Trife mata dos fieras en Baja California: Morena y Bonilla
• Reduce la gubernatura a dos años y no a seis, como querían
• Fracasa el IFT contra la asimetría y la competencia efectiva

Sólo pasa en México.

La incertidumbre llega hasta la víspera de las urnas.

Por fin ayer se pronunció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la promiscuidad que vive desde hace tiempo Baja California.

Tratemos de dar un panorama.

El Congreso del estado decidió reducir el período del próximo gobernador: dos años para empatar la próxima elección estatal con la intermedia federal de 2021.

Al verse al frente en las encuestas, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le pareció poco y promovió un juicio para hacer una administración de cinco años y el tema llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Despersonalizado como es, el organismo de Felipe Fuentes Barrera regresó el tema al Tribunal bajacaliforniano, donde Morena no tuvo empacho en comprar a dos de los tres magistrados: Jaime Vargas y Leobardo Loaiza.

Se ciñeron, claro, a los deseos del candidato de Morena, Jaime Bonilla, quien quiere un sexenio –no es pleonasmo- de seis años y no de cinco y menos de dos.

El caso rebotó en el Trife, cuyos siete magistrados redujeron la próxima administración a dos años.

Cómo burlar la ley

Explotó Jaime Bonilla.

Ni su dinero ni su influencia ni su amistad con Andrés Manuel López ni sus invitaciones al tabasqueño a los juegos de los Padres de San Diego le dieron el resultado favorable y hoy sus consejeros le proponen manejar Baja California a su gusto.

¿Cómo?

Es legislador de Morena, puede renunciar a la candidatura, regresar al Senado y volver a presentarse de candidato otra vez en 2021, en esa sí para seis años.

Si optara por esta vía, podría inclusive estar ante un conflicto de intereses: varios partidos presentaron demanda de juicio político contra sus magistrados electorales estatales –Jaime Vargas y Leobardo Loaeza– ante el Senado.

Es decir, sería juez y parte de un proceso.

Por ahora es un perdedor inclusive con reporteras –lo acusan de misógino: contesta preguntas de hombres, no de ellas–, quienes le llaman con todas sus letras:

-¡Minigobernador!

El se enoja, pero lo será si no burla la ley como le recomiendan sus asesores.

Todo es posible ya en este país bananero.

Otro fracaso del IFT

Desde hace cinco años el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció medidas contra el agente preponderante del agente económico del sector, conocidas como AEP-T.

En un principio rindió frutos, pues de acuerdo a The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en términos de ingresos bajó la concentración, medido en puntos, de cuatro mil 320 a tres mil 652.

Pero desde 2017 el índice repuntó y al finalizar el año pasado era de cuatro mil 142 puntos.

Una de las razones es la falta de vigilancia efectiva del IFT de Gabriel Contreras.