Reforma judicial deja sin protección a periodistas: Jan Albert Hootsen
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de junio de 2019. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta sobre el impacto que generan las emisiones contaminantes a la atmósfera en el acceso al derecho a un medio ambiente sano, las cuales, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México con datos de 2017 representan el 65.3 por ciento del costo total por degradación en el país, y son generadas principalmente por la industria, el transporte y la agricultura.
Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional subraya que mientras la Norma Oficial Mexicana (NOM) de PM2.5 marca un límite máximo promedio anual de 12 ppm (partes por millón), el límite de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 10 ppm, lo cual evidencia la falta de armonización de dicha norma con el estándar establecido por la OMS.
Para la CNDH, la omisión en la revisión periódica y actualización de las NOM que regulan las emisiones genera la violación implícita al derecho a un medio ambiente sano, siendo las niñas, los niños, las mujeres, las personas mayores y aquellas en situación de pobreza, quienes reciben las mayores afectaciones.
En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente –5 de junio—, este Organismo Autónomo considera urgente replantear el rumbo de la política ambiental y energética del país, con base en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ante lo cual debe considerarse que la satisfacción de las necesidades de la generación presente no puede comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
Precisa que la concurrencia de la competencia de las diversas autoridades en materias ambiental y energética requiere de mayor coordinación y análisis profundo respecto de las fuentes de contaminantes, en este sentido, la inversión en transporte público no contaminante, inclusivo y asequible, y la innovación respecto de energías renovables como alternativas a los combustibles fósiles son indispensables.
La mejora de la calidad del aire es esencial para alcanzar diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre ellas la meta 3.9, sobre la reducción de las muertes y enfermedades debidas a la contaminación; la 7.1, sobre el acceso universal a servicios energéticos modernos; la 7.2, sobre el aumento del uso de la energía renovable; la 11.6, sobre la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; y la 12.4, sobre la gestión ambientalmente racional de los productos químicos y los desechos.
La CNDH reconoce que si bien, en los últimos años, la cobertura nacional respecto de la formulación de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) ha aumentado, aún existe una enorme área de oportunidad en la implementación de los mismos, y recuerda que, derivado de todo lo anterior, emitió la Recomendación General 32 Sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana, en la cual destacó que la capacidad técnica de la medición de contaminantes atmosféricos a través de las diversas unidades de monitoreo es insuficiente, ya que no se cuenta con la cobertura adecuada en el territorio nacional, por lo que medidas como las declaratorias de contingencia ambiental no pueden ser aplicadas en todas las ciudades del país.
Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) sólo 40% de la población en México conoce la información sobre calidad del aire, y la mayoría de las ciudades no cuenta con las herramientas necesarias para la generación de datos en la materia, de ahí que tener información pública veraz y actualizada es decisivo para que las personas puedan ejercer y exigir sus derechos, al tiempo que se exhorta al Estado mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018.
El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/2994 (XXVII) que designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de emprender actividades mundiales que reafirmen la preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas en la materia. Este año la conmemoración tiene como tema central Unidos por un planeta sin contaminación del aire.