A partir de este viernes somos Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2019.- Durante el foro de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de reforma político-electoral y de Estado impulsada por Morena, especialistas coincidieron en señalar que hacer una reforma en la materia solo para reducir gastos es inviables.
El ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, Jaime Cárdenas, coincidió con la idea de eliminar los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLE’s, e incluso los Tribunales Electorales locales, lo que ayudaría mucho a reducir los costos.
«Compactando el tamaño del Instituto Nacional Electoral (INE), despareciendo Juntas Distritales, yo creo que esos son los caminos que debemos seguir. Y desaparecer totalmente a los Organismos electorales estatales y a los Tribunales Electorales, ¿por qué, por qué hay que desaparecerlos? Hay que desaparecerlos, porque los gobernadores siguen manteniendo un control muy importante sobre ellos», acusó.
Indicó que centralizar las decisiones y organización electoral en el INE, tendría que avanzar compactando dicha institución; refirió que la alternativa ante esa posibilidad sería dotar de plena autonomía e independencia a los organismos locales.
Cárdenas García consideró que podría valorarse la posibilidad de desaparecer las auditorías estatales, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encargue de toda la fiscalización en el país, “lo anterior, porque el cambio democrático avanza a mayor velocidad a nivel federal, que en las entidades”.
Por el contrario, el ex magistrado del Tribunal Electoral José Fernando Ojesto dijo que una reforma electoral asociada al federalismo no es viable y señaló que tampoco es indicado desaparecer los organismos electorales locales, por lo que, criticó que se utilicen argumentos economicistas de tinte neoliberal, dijo, para justificar el cuidado del dinero destinado a asuntos electorales.
Ante ello, calificó como cosmético proponer la eliminación de los organismos electorales, pues dijo que no se ahorrará un dineral en el sueldo de los consejeros y porque, pese a las fallas de operación que puedan tener, han contribuido a tener elecciones transparentes, a que no haya violencia postelectoral, y a que los problemas electorales se resuelvan de manera óptima.
«Sobre todo el argumento economicista, hay que reformar porque sale muy caro. ¡Ah, pues ahora somos neoliberales, ahora andamos buscando el cuidado de los dineros y a ver! En materia democrática no son los argumentos económicos los fundamentales.
«Volver a pensar que es necesario un Consejo General con siete, con cinco, con tres, ¡hombre, eso es verdaderamente cosmético!, ¡se van a ahorrar dinerales en los sueldos que les pagan a los señores consejeros!», señaló irónicamente.
Destacó que el costo de las elecciones se reducirá con elementos como el voto y la urna electrónicos, o bien, con la adecuación de las credenciales de elector, y no eliminando organismos electorales.
Sobre el tema de reducir financiamiento a partidos, señaló que esas propuestas “suenan bonito, pero advirtió que se generarán partidos débiles, así como el involucramiento de recursos de dudosa procedencia, lo que, en conjunto, dijo, haría una democracia débil.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Luis Eduardo Medina, advirtió que sustentar una reforma electoral en el argumento de la austeridad no es viable y pidió que no se olvide que la presente administración ya desapareció un organismo autónomo, el de Evaluación Educativa, por motivos de austeridad, y en el caso electoral, apuntó, esa es «la nuez» del asunto.
«Esta Legislatura ya desapareció un órgano constitucional autónomo, como fue el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Hay que tener claro que estamos entonces en un momento que se quiere abonar, con el principio de austeridad republicana, en el recorte de facultades y competencias.
«Como bien dijo ayer el presidente del INE, no es una discusión sobre el uso de recursos. Creo que aquí hay una confusión severa, el problema tiene que ver con la distribución de facultades y competencias”, sostuvo.