Nigromante/José Vilchis Guerrero

No interesa la venganza contra los corruptos, sino que haya Estado de Derecho

Recién concluyó el proceso electoral de julio de 2018 que desembocó en la inesperada victoria de Andrés Manuel López Obrador, que dividió al país en 30 millones de mexicanos que votaron por él y el resto de quienes votaron por los otros candidatos, al correr de los días se profundizó la polarización entre los que festejaron el triunfo y los que se sintieron agraviados. Fue cuando se generó el rumor de que hubo un convenio entre el presidente electo y el saliente, en Palacio Nacional, para que éste último no fuera a ser enjuiciado.

Incluso hubo comentócratas que apostaron a que ese convenio fue pactado desde antes para facilitar el arribo pacífico del tabasqueño en una tersa transición en la que Enrique Peña Nieto pudiera tener un retiro sin sobresaltos ni temores a ser sometido a juicio por sus evidentes desplantes que lo delataban inmerso en la corrupción y los negocios desde Los Pinos.

Casi inmediatamente se vino la oleada mediática que hizo públicos desfalcos del gobernante saliente, quien fue señalado de haber hecho dispendio de recursos públicos en distintos rubros: que se gastó cerca de cuatro mil millones de pesos en el contrato de caros bufetes de abogados cuyos integrantes tenían salarios superiores a los cien mil pesos para que los abogados lo libraran de los tribunales luego de los escándalos de la Casa Blanca, los oscuros negocios para desmantelar a Petróleos Mexicanos, apoyado en la llamada reforma energética, y los que se generaron desde que se canceló el proyecto del tren Querétaro-México, los sobreprecios de las obras del tren Toluca-México y otros pagos millonarios a empresas fantasma a propósito de las obras del Aeropuerto en Texcoco, entre otras lindezas.

Comprobado que el triunfo morenista ocurrió por el hartazgo generado por la corrupción de la clase política dominante del PRI y sus congéneres del PAN, del PRD y de los demás partidos políticos, el ya presidente López Obrador no logra convencer a los que no votaron por él, de que no habría cacería de brujas ni se encarcelaría a Peña Nieto ni a sus secuaces, pese a las denuncias fincadas al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y se conocían adquisiciones de residencias costosas de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como desviaciones millonarias en la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario Robles, protagonista principal de un reportaje sobre la famosa Estafa Maestra.

El costo millonario de los abogados que defendieron al ex presidente Peña Nieto en el caso de Odebrecht salieron de las arcas del fisco federal; porque era inminente que la investigación a los altos ejecutivos de esa empresa brasileña que declararon a las autoridades de su país haber entregado diez millones de dólares a Lozoya Austín, llegarían hasta él, ya que el implicado les hizo saber que destinaría esos recursos a la campaña electoral de su amigo Peña Nieto.

Mientras que en otros países latinoamericanos ya avanzó la investigación y hay políticos presos por haber recibido sobornos de Odebrecht, en México apenas se inicia el proceso en contra del prófugo Lozoya Austin, quien ha podido esconderse de sus perseguidores que buscan ejecutar la orden de aprehensión, pero su abogado, Javier Coello Trejo, lo tiene bien escondido, aunque hay versiones de que huyó a Alemania, donde el ex funcionario tiene familiares.

Desde que se inauguraron las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, los reporteros le urgieron al mandatario que dijera si serían encarcelados Peña Nieto y los integrantes de su gabinete y López Obrador les respondía que no, que a él no lo alienta la venganza; que no iniciaría una cacería de brujas como lo hizo su antecesor Carlos Salinas de Gortari, quien apresó a dirigentes petroleros y Peña Nieto a la profesora Elba Esther Gordillo.

Negaba AMLO abiertamente que habría persecución contra Peña Nieto y sus colaboradores con el mismo argumento, pese a que los reporteros le hicieron ver que no se trata de cobrar venganza, sino del Estado de Derecho, porque no es una cuestión personal del nuevo mandatario con su antecesor, sino de la aplicación de la justicia. Ah, entonces sí reaccionó: que en ese caso sí se aplicaría la justicia, pero por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la República y los integrantes del Poder Judicial.

Pero no; vino de Estados Unidos la investigación. Autoridades del país del norte escudriñan los sobornos a Peña Nieto para autorizar el sobreprecio que Lozoya Austin pagó en la compra de Fertinal en 2015 que causó daños al patrimonio de Pemex y al erario público. El abogado Coello Trejo, quien asumió el caso desde antes de que se iniciara la presente administración, ha hecho gala de que su cliente no pisará la cárcel y que lo ocultará para evitarlo. Alonso Ancira, el otro implicado, está preso en España, y se ha solicitado su extradición para juzgarlo en México.

Gilsa Susana Lozoya Austin, hermana del prófugo, quien también se vio involucrada en los mismos delitos de operaciones con recursos ilícitos, tiene orden de aprehensión por la que ya se había girado una suspensión definitiva para que no fuera detenida, pero esta semana que concluye una jueza federal dejó sin efectos la suspensión definitiva por lo que, al igual que el ex titular de Pemex podrá ser detenida en cualquier momento por la FGR.

Al ex presidente Peña Nieto se le ubicó un tiempo en Barcelona, rodeado de amigos y ex colaboradores, acompañado de jóvenes mujeres y dándose la gran vida. Las revistas del corazón lo ligaban a romances con bellas modelos y luego él mismo hizo público que concluyó su relación con Angélica Rivera, lo que suscitó todo tipo de conjeturas por aquella vieja versión de que la más grande empresa de televisión mexicana había creado una pareja para el presidente. Y se supone que acabó el contrato al concluir el sexenio peñista.

Tuvo que reaparecer Peña Nieto vía Twitter para aclarar que son falsas las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos en su contra y que ya tenía la experiencia de las maledicencias sobre su persona. Pero al parecer dichas acusaciones, que no vinieron del Palacio Virreinal, se perfilaron como el principio del fin. Los malquerientes de Amlo, que le exigen proceder penalmente contra Peña Nieto, empezaron a creer que ahora sí se le aplicará la justicia al ex mandatario y sus 40 ladrones.

Pero Peña Nieto tiene otros pendientes por lo que el Poder Judicial se le volteó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar a Enrique Peña Nieto por la llamada Operación Safiro (Saneamiento Financiero), y ahora la Fiscalía estatal podrá indagarlo y en su caso proceder penalmente en su contra por delitos del fuero común.

Es por una vieja deuda de EPN quien se benefició con recursos del gobierno de Chihuahua que fueron desviados a las campañas del PRI por Alejandro Gutiérrez, entonces secretario general adjunto de ese partido en Chihuahua cuando el CEN del PRI era encabezado por Manlio Fabio Beltrones. La resolución de la Segunda Sala de la SCJN recibió el beneplácito del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Corral fue informado que con esta resolución cualquier funcionario federal pueda ser investigado por el desvío de 250 millones de pesos de recursos federales que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray Caso, otorgó al erario de Chihuahua y que el ex gobernador priista César Duarte Jáquez habría transferido al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que los aplicó al financiamiento de las campañas de 2016.

Aclaró Corral Jurado que por el momento no hay ninguna investigación abierta contra Peña Nieto, pero indudablemente resultó beneficiado de esos recursos que le permitieron a su partido ganar la gubernatura del Estado de México por encima de la voluntad popular del electorado, que ya había favorecido a la candidata de Morena, Delfina Gómez. Sin embargo, con esta resolución de la SCJN la Fiscalía del estado podrá buscar la revocación del sobreseimiento en el caso de los 250 millones de pesos.

Por supuesto que la operación fraudulenta contó con la aprobación de Peña Nieto y el aval de Beltrones, pues no se trasladan millones de pesos a entidades federativas por medio de empresas y contratos simulados hacia el PRI nacional sin autorización del Presidente de la República, dijo en una entrevista radiofónica Javier Corral. La SCJN aprobó que la Fiscalía local de Chihuahua investigue a Peña Nieto y a todo su gabinete cuando se trata de delitos que no sean de índole federal.

A finales de octubre de 2018, cuando Peña Nieto casi terminaba su sexenio, el ministro Eduardo Medina Mora suspendió cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra EPN por el caso de ese multicitado presunto desvío de 250 millones de pesos para favorecer al PRI.

Por supuesto, ninguno de los 36 personajes que figuran en la lista de los beneficiarios de los contratos “de publicidad” otorgados por Peña Nieto para evitar un linchamiento de la opinión pública, salieron a inculpar al primer mandatario, quien se gastó algo así como 30 mil millones de pesos en la difusión de su actividad presidencial a sabiendas de que se trataba de los “periodistas” más leídos, vistos y escuchados presuntamente por los mexicanos que impactarían en las informaciones de los corresponsales extranjeros.

A la fecha no se ha aclarado cuántas de esas facturas fueron por trabajos de difusión que no tuvieron que ver con las concesiones perversas en las que los periodistas comprometen su prestigio profesional a cambio de recursos que en los casos mencionados sirvieron para incrementar el poderío de los dueños de los medios y el menoscabo de los trabajadores a su servicio. Al reducir a la mitad los recursos para la Comunicación Social del gobierno federal, los medios que sobrevivían del chayote o la publicidad disfrazada temen por su permanencia, igual que los beneficiarios de ese sistema que empobreció al país y enriqueció a unos cuantos.

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