Buscan atacar evasión fiscal por facturas falsas que asciende a 2 bdp

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2019.- El senador de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentaron una adenda a las comisiones que analizan el dictamen de compraventa de facturas y empresas fantasma.

Dicha propuesta quedó pendiente a desahogar en el segundo periodo extraordinario clausurado casi en los primeros rayos de luz de este martes y cuya propuesta se suma al proyecto de dictamen conformado por las iniciativas del legislador Ciudadano y el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier.

Las propuestas plantean atacar la evasión fiscal por facturas falsas que asciende a dos billones de pesos. “Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer”, señaló el senador Samuel García, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Iniciativa Privada busca endurecer el castigo exclusivamente en la compraventa de facturas, por ejemplo, modificando el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, quedando de la siguiente manera:

“Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de cinco años a ocho años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Con esta sanción confió en que ya no van a tener la capacidad de pagar fianza, “aunque regresen lo robado no se les va a perdonar, porque hoy su transa es que avientan 100 facturas, se roban el dinero, los cachan pero por una ‘te la pago y no entro a la cárcel’ y ahora detectando una, vas para adentro”.

En el mismo artículo se establece que quien venda la factura siempre caerá en delito sin importar el monto; en tanto, que quien la adquiere se pondrá un salvavidas de dos millones de pesos para ser sancionado con prisión, esto con el objetivo de proteger a las Pymes.

Aunque la iniciativa considerará las propuestas de los empresarios, el representante de Nuevo León, aclaró que se debe llegar a un punto medio entre la IP y los planteamientos de los senadores para sacar adelante la reforma contra los factureros y empresas fantasma.