Cae El Cholo Palacios, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio de 2019.- Diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo —Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y de Educación— analizan la pertinencia de invitar a una reunión de trabajo a autoridades de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por lo pronto, el director de la Conaliteg, Miguel Antonio Meza Estrada, y la funcionaria de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, tendrán que informar sobre la producción, distribución y entrega de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2019-2020.
La Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que en un plazo no mayor a 15 días se remita un informe sobre el estado que guarda la producción, distribución y entrega de libros de texto gratuitos y demás materiales educativos.
En el dictamen con punto de acuerdo aprobado por el Pleno, se estableció que, una vez recibida y analizada la información requerida, la Segunda Comisión de Trabajo podría invitar a una reunión de trabajo a Meza Estrada y a Buenrostro Sánchez.
Aunque los libros de texto gratuitos han estado en polémicas por su contenido, legisladores de todos los Grupos Parlamentarios reconocieron en el documento que estos han resultado una política eficaz para asegurar la educación de generaciones de mexicanos.
Por esa razón, desde 1960 los libros de texto gratuitos han estado presentes en las escuelas de todo el país y, a decir de maestros y alumnos, son una herramienta de gran utilidad durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En abril pasado, tras la solicitud de información de la senadora del PAN, María Guadalupe Saldaña Cisneros, la Conaliteg declaró desiertas las licitaciones para imprimir 19 títulos en un total de 52 millones de ejemplares para estudiantes de preescolar y primaria, lo que puso en duda si los libros de texto gratuitos estarán a tiempo para su uso en el siguiente ciclo escolar.
Por ello, los legisladores federales argumentaron que la Comisión Permanente necesita conocer cómo se dieron los procesos licitación y de adjudicación mencionados.