Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

López Obrador y el dilema de los cambios y la irracional postura ante las críticas

El dilema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que en los casi ocho meses que lleva al frente de la Presidencia de la República ha llevado muchos cambios que lo confrontan con amplios sectores de la sociedad.

Dichos cambios, muchos de los cuales no han sido debidamente justificados, como son los despidos masivos de burócratas o el cierre de las estancias infantiles, han llevado a confrontar en tribunales y juzgados una intensa lluvia de amparos interpuestos por los miles de afectados, los cuales han sido de antemano descalificados por los personeros del gobierno federal, en lugar de combatirlos por la vía jurídica, justificando y razonando los motivos de las medidas asumidas por la nueva administración. Pero no. La descalificación y el vituperio ha sido la respuesta.

Coincido con Carlos Ramírez de que el dilema del México lopezobradorista es sencillo de plantear: o construye un nuevo modelo de desarrollo para crecer y repartir o se ahoga en un modelo populista de dinero regalado que no modificará la estructura de la desigualdad, no podrá crecer más de 2.5 por ciento y no cumplirá con sus metas de justicia social. Esta discusión debió haberse dado en el Congreso a la hora de aprobar, por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo, pero Morena y la oposición se desviaron del camino, pues el primero porque ignora la propuesta presidencial de su nuevo modelo de desarrollo y la oposición porque fueron aliados básicos del neoliberalismo salinista.

El desafío va más allá de programas asistencialistas de poca monta: sacar de la marginación a 96 millones de personas (el 80% de la población). Como no hay presupuesto público que alcance, el mecanismo debería ser un modelo de desarrollo que genere la riqueza productiva suficiente, repartida vía salarios, prestaciones y políticas fiscales. Pero los nueve programas asistencialistas del PND lopezobradorista implican entrega de dinero sin reproducción de la riqueza. Y las estrategias de bienestar tampoco revelan financiamiento sano y menos la forma de detonar la distribución de la riqueza. Y la generación de nuevos empleos productivos está prácticamente estancada.

Aunado a ello, la confrontación entre el sector empresarial y el gobierno federal es fuerte, primero porque López Obrador constantemente los está acusando de que ofrecieron servicios al gobierno que no cumplieron y que procedieron con deshonestidad; que hicieron propuestas infladas; que mintieron en sus informaciones; que dejaron obras inconclusas, a pesar de recibir dinero por encima de lo presupuestado, además de haber estado en complicidad con funcionarios públicos de anteriores administraciones que manejaron los recursos públicos con deshonestidad.

Por su parte, los empresarios consideran que el actual gobierno no está abordando con éxito la inseguridad y la violencia, que es el problema más grave que está viviendo México, además de que López Obrador generó grandes expectativas en México y sus medidas no están arrojando resultados, debido a que sigue abriendo nuevas brechas sin tener una salida real al conflicto que está generando como es el caso de los integrantes de la policía federal.

Y es que en el caso del movimiento de los policías federales, en lugar de reconocer que a sus colaboradores les faltó eficacia para ir resolviendo poco a poco el conflicto que en algún momento se iba a presentar  –entre éstos no haber proporcionado a los miles de agentes la suficiente información para poder incorporarse a la Guardia Nacional y si no cumplían con los requisitos programas para poderlos cumplir como acondicionamiento físico y dietas para bajar de peso, entre otros– López Obrador los descalificó como una policía que “se echó a perder” y que detrás de su movimiento “hay mano negra”. Previamente, ante una queja sobre las condiciones en que se encontraban trabajando comisionados ante el Instituto Nacional de Migración, su nuevo director Francisco Garduño, también los descalificó.

López Obrador no acepta la crítica. Un ejemplo de lo anterior son las severas críticas e insultos que hizo a la CNDH por haber emitido la recomendación en contra de la desaparición de las estancias infantiles. Los funcionarios de la CNDH, encabezados por su titular Luis Raúl González Pérez, se defendieron y pidieron la intervención del Senado en donde ya hubo reacciones.

Por lo pronto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña y el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, aseguraron que al negarse a atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las estancias infantiles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, «no sólo debilita la democracia, sino que abona profundamente a menoscabar la autonomía constitucional de instituciones como la CNDH”.

Frente al rechazo del gobierno federal para atender la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a la cancelación de las estancias infantiles, Verónica Juárez Piña y Emilio Álvarez Icaza; demandaron la comparecencia de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores González ante la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República.

En un comunicado conjunto ambos legisladores sostuvieron: «La CNDH ha significado la construcción de mecanismos a favor de la dignidad humana a partir de un largo período de lucha social y ciudadana de poco más de 29 años, por lo que en efecto —la negativa— sí representa una violación al principio internacional y constitucional de no regresión en materia de derechos”.

El combate a la corrupción no justifica la suspensión del programa de Estancias Infantiles, aseguró la CNDH, al responder a la negativa del Gobierno Federal de aceptar la recomendación que hizo sobre dicho programa.

Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la CNDH en contra de las leyes con las que se creó la Guardia Nacional y que a su juicio el Congreso de la Unión incurrió en «omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio».

Las leyes contra las que emitió las acciones de inconstitucionalidad la CNDH son la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. El tema da para más y lo analizaremos después.