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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio de 2019.- Con el propósito de fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) conminó a considerar un enfoque de derechos para la atención de las personas en situación de pobreza como una de las prioridades del gobierno y así brindar pisos mínimos de garantía.
La instancia gubernamental remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hallazgos y sugerencias para ayudar a la conformación del próximo Paquete Económico.
El documento denominado Elementos para considerar en el Presupuesto 2020 en materia de Educación, Salud, Seguridad Social e Infraestructura Social Básica, está basado en diagnósticos de derechos sociales y en las consideraciones para el proceso presupuestario del próximo año.
El Coneval detectó tres carencias sociales con mayor incidencia en la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos: las carencias por acceso a la seguridad social, a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.
En educación, sugiere que invertir en infraestructura y equipamiento debe ser considerando en el presupuesto de este rubro, ya que en el nivel básico no se cuenta con los insumos necesarios para impartir los servicios y en medio superior el mobiliario básico es insuficiente.
Lo anterior, aunado a que el presupuesto destinado a infraestructura educativa ha disminuido en los últimos años, pues el gasto en 2018 fue la mitad del presupuesto ejercido en 2015, lo cual limita la capacidad de garantizar el derecho a la educación.
Además de la infraestructura, pide necesario contrarrestar el déficit de personal docente que alcanza entre un 20 y 30 por ciento en educación básica y secundaria respectivamente, ya que afecta la calidad educativa. Para ello, insta a diseñar una estrategia que considere el recurso presupuestal suficiente, ya que los recursos destinados a personal docente han disminuido desde 2015.
En materia de salud, si bien el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en México ha aumentado de manera considerable en las dos últimas décadas, algo que se refleja en los niveles de afiliación y está relacionado con la disminución de la carencia en el acceso a los servicios de salud, señala que México en 2016 tenía un gasto de 5.8 por ciento, por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que son del 9.1 por ciento.
Respecto al personal médico, el documento expone que en 2015 la proporción de personal médico y de enfermería en México presentó una de las razones más bajas registradas entre los miembros de la OCDE; por un lado, la relación de personal médico por cada mil habitantes fue de 2.4, mientras que el promedio de la OCDE se situó en 3.4.
Por el otro, la relación de personal de enfermería por cada mil habitantes fue de 2.8, en tanto que el promedio de la OCDE fue de 9 por ciento el año pasado.
En el rubro de servicios básicos de la vivienda, sugirió considerar un compromiso presupuestal destinado a la inversión en infraestructura social básica, especialmente en agua.
Según el Consejo Nacional, el 13.1 por ciento de los hogares a nivel nacional reciben agua dos o menos veces por semana, lo cual afecta su calidad de vida y sus condiciones de salubridad.
Esto se agrava dado que la mayoría de las aguas residuales no son tratadas, por lo que representa un reto para México, no solamente en cuanto a mejorar la disponibilidad de agua para la población, sino también para avanzar hacia la sustentabilidad de sus sistemas hídricos.
En la protección social en pensiones propone considerar al menos un registro fiscal y, de ser posible, acciones preventivas de salud u ocupacionales.
Además, pide establecer una pensión universal mínima de retiro financiada con impuestos generales, pues subraya que el beneficio de la pensión sería de contribución definida.“Las pensiones de tipo universal no contributivas serían complementarias a las de carácter contributivo y con un esquema de sostenibilidad financiera mediante un sistema de prepago, así como un mecanismo de corresponsabilidad”, reza el documento.