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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2019.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria constitucional de aprobación del decreto en materia de pueblos y comunidades afromexicanas y la remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
En escrutinio, un total de 17 congresos de los estados de: Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, remitieron los votos aprobatorios relativos al proyecto de decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c del artículo 2 en materia de personas pueblos y comunidades afromexicanas de la Carta Magna.
A diferencia de los pueblos y comunidades indígenas, un millón 381 mil 853 afromexicanos, según cifras del Inegi, no habían logrado concretar sus derechos establecidos en el artículo 2° de la Constitución.
Ante la invisibilidad de este sector de la población que incide de manera directa en las condiciones de desigualdad, la reforma constitucional reconoce como parte de la composición pluricultural de la nación a los pueblos afrodescendientes mexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales.
En el inciso C del proyecto de decreto que modifica el artículo, a la letra agrega: “Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.”
De acuerdo al Perfil sociodemográfico de la población Afrodescendiente en México, elaborado por el Inegi y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), detalla que de los casi 1.4 millones de esta población, 304 mil 274 radican en el Estado de México, 266 mil 163 en Veracruz, 229 mil 514 en Guerrero, 196 mil 213 en Oaxaca, 160 mil 353 en Ciudad de México, 76 mil 241 en Nuevo León y 61 mil en Jalisco.
La Constitución Política mexicana prohíbe todo tipo de discriminación, sin embargo, como lo expresaron mujeres afromexicanas en una audiencia concedida a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 4 de octubre de 2018, la discriminación estructural y generalizada es una conducta que ha dejado huella en la comunidad afrodescendiente que, a veces, deja de reconocerse a sí misma como una colectividad, por el señalamiento expreso de que el color de piel es algo ajeno a ser mexicanos.