Ley Garrote, defendida y atacada por legisladores

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2019.- Desde la premisa de que México no se puede dar el lujo de abrir el Código Penal a interpretaciones que penalicen la protesta social, Grupos Parlamentarios fijaron su postura contra la reforma aprobada recientemente por el Congreso del estado de Tabasco.

Dichas modificaciones constitucionales de la entidad sancionan a quien extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas para la ejecución de obras públicas en ese estado.

En uso de la tribuna, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montial, pidió no justificar este acto diciendo que esta iniciativa va en contra de la extorsión, «no engañen al pueblo,  recuerden los principios que dicen defender y digan que se trata de un paquete de reformas al Código Penal en donde ustedes aprovecharon para meter su  Ley Garrote.

La perredista subrayó que la democracia tiene en la libertad de expresión uno de los pilares fundamentales, ya que permite que todos puedan dar a conocer opiniones y disentir sobre diversos temas. «El Presidente lo sabe, ya que por años aprovechó este derecho  incluso construyó su carrera política con base en el mismo», expresó.

Por el Grupo Parlamentario del PVEM, Verónica Noemí Camino Farjat, denunció que el artículo 308 del dictamen cambió la palabra extorsión, pues en el primero no mencionaba ni coerción, ni imposición.

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, diputada de Encuentro Social, defendió que las reformas al Código Penal en el estado de Tabasco se han realizado para combatir la extorsión, que dada su complejidad, dependiendo de las zonas, en Tabasco, como en otras partes del país, se característica por realizarse mediante la obstrucción a la movilidad de las personas y transportes.

La legisladora ubicó esta situación particular en la entidad y dijo que las reformas regulan para que se acabe la violencia y la violación al derecho de las personas al circular por su estado; «que quede claro, solo afecta a los grupos delincuenciales que llevan ya tiempo secuestrando la voluntad popular y cobrando cuotas en carreteras», expresó.

En nombre de la bancada de Morena, el senador Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a no confundir la ley y rechazó que la misma criminalice la libre manifestación de las ideas y la protesta.

El morenista precisó que busca impedir que intereses ajenos “se agandallen y busquen beneficio propio, obstruyendo obras públicas y privadas”.

La panista Kenia López Rabadán lamentó que la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco viole los derechos de libre manifestación y criminalice la protesta. “Es terrible que lo que se está haciendo. ¿Para eso llegaron al gobierno? ¿Para encarcelar a quienes no están de acuerdo con ustedes?”, cuestionó en rechazo a la Ley Garrote.

Lo que aprobó el Congreso del estado de Tabasco en el artículo 307 establece que “se aplicará prisión de 2 a 10 años y multa de 60 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación”.

En el artículo 308 agrega: “Al que extorsione, coercione o intente imponer o imponga cuotas”.