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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de agosto de 2019.- Por exhorto de senadores del PAN y PRI, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tendrá que rendir cuentas de acuerdo a las normas de transparencia y acceso a la información pública sobre las acciones derivadas de la suspensión de servicios de internet para la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).
Por turno directo, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, deberá dictaminar propuestas de ambos grupos parlamentarios en el Senado de la República para que el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, detalle los procesos de licitación que se han establecido para la contratación de los servicios de banda ancha y Servicios de Internet de Alta Capacidad.
Los legisladores de ambos partidos coincidieron en sus propuestas para que se explique a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las acciones relacionadas con la suspensión del servicio de internet, principalmente aquellas tendientes para garantizar el acceso en las instituciones o dependencias que podrían verse afectadas.
A su vez, el dictamen solicita informar de otras dependencias de la Administración Pública Federal que han sufrido la suspensión de los servicios de Internet de banda ancha, derivado de la terminación de los contratos de servicios realizados por la SCT.
La propuesta de los panistas Xóchilt Gálvez, Kenia López Rabadán y Damián Zepeda Vidales intacta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a transparentar la estrategia a implementar para reinstalar el servicio de manera inmediata en los aproximadamente 50 mil sitios que han sido desconectados.
El aviso de terminación del contrato que dotaba de conectividad a instituciones de educación superior y centros de investigación implicó la suspensión del uso de banda ancha y afectó a 35 instituciones, que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde el corte en el servicio de Internet fue al 10 por ciento.
Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Dulce María Sauri Riancho piden citar a comparecer a Jiménez Espriú para que explique detalladamente la diferencia, alcances y calidad en el servicio entre la cancelada Red NIBA y los servicios de Internet que se licitaron el pasado 25 de julio, así como la estrategia para sustituir los enlaces que cubría la Red NIBA y que fueron suspendidos; los costos de reinstalación, los ganadores y los montos por los cuáles se les otorgó la concesión.
El uso de banda ancha para Internet, en el que se incluye el uso de la Red NIBA, además de estar fundamentado en el artículo 6 de la Constitución, se regula a partir de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el artículo 213 el cual establece:
«El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Secretaría, establecerá los mecanismos administrativos y técnicos necesarios, y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico”.
La Red NIBA permite a las instituciones públicas que utilizan grandes anchos de banda conectarse para compartir bases de datos, imágenes telescópicas, journals, académicos y comunidades de investigación, entre otros, además de brindar servicios de Internet en mil 300 sitios.
En dicha Red se encuentran todas las universidades públicas, los tecnológicos y demás instituciones de educación superior, además de hospitales de alta especialidad, los centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), por mencionar algunas instituciones.