Abanico
El informe de gobierno de AMLO, la desilusión generalizada y la falta de autocrítica
Por más que Andrés Manuel López Obrador pretenda convencernos a millones de mexicanos de que las cosas van muy bien en su gobierno y que la transformación van caminando poco a poco, coincido con muchos analistas, en que la clave no radica solamente en mejorar sustancialmente la seguridad y frenar la corrupción, sino en la economía y sus efectos sociales.
Si el Producto Interno Bruto (PIB) promedio sexenal no rompe el techo desestabilizador de 2.5 por ciento, entonces la falta de empleo productivo, la escasa repartición de la riqueza y la presión demográfica repetirán el mismo fracaso de sexenios anteriores.
Sostiene Carlos Ramírez que los primeros nueves meses de gobierno han fijado los primeros indicios del modelo económico del país: el regreso del Estado rector y regulador de la producción y no el Estado intervencionista directo a la producción con empresas paraestatales que desplacen a empresas privadas, pero falta por convencer a la empresa privada que su función es crear riqueza y no determinar el rumbo político del régimen.
Lo lamentable es regresar al modelo de Estado en la propuesta de López Obrador con un regreso al esquema del presidente Miguel Alemán en su reforma al artículo 3° constitucional el 30 de diciembre de 1946 donde definió la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Pero al modelo lopezobradorista le falta un verdadero plan de desarrollo, la definición de un nuevo modelo de desarrollo y la utilización del gasto público como el detonador de la actividad empresarial productiva. El Estado regulador-estabilizador-rector podría ser el modelo de estatalidad –rectoría sin intervención en la producción– que definió Francis Fukuyama a partir del Banco Mundial después del colapso comunista y que le dio funciones de fijación de objetivos de desarrollo.
El problema radica en que el planteamiento de López Obrador de que Estado debe ser el promotor de la inversión privada, gasto público a sectores vulnerables y régimen político bajo su control, carece de una operación estratégica, pues se basa en el carisma personal del líder refrendado todos los días y no tiene un verdadero plan de desarrollo, como se ha demostrado.
“Los primeros nueve meses de gobierno lopezobradorista han revelado que el camino no será de regreso del Estado populista que sustituya a la empresa privada, pero le está costando trabajo convencer a los empresarios que su deber es invertir y tener utilidades y no convertirse en el eje dinamizador del Estado y del régimen político”, estima Carlos Ramírez.
En otro tema, López Obrador señaló en su Informe de Gobierno que en los primeros seis meses de 2019, los migrantes mexicanos enviaron a sus familiares más de 18 mil millones de dólares en remesas y se estima que el total para este año ascienda a poco más de 35 mil, “lo cual es muy importante porque se reactivaría la economía popular. Sin las remesas, señaló que México estaría mal”, explicó y agregó que falta impulsar y promover más la inversión privada nacional, en donde ya se está trabajando.
Insistimos: Si la inflación es baja y la capacidad adquisitiva del salario aumentó, una buena parte de la explicación es que hay mucho menos consumo. El Banco de México, que ha mantenido su política de presentar periódicamente sus estimaciones de crecimiento, no ha sido combatido, pero López Obrador tampoco ha estado de acuerdo con las cifras que maneja.
La autocrítica más destacada en el Informe Presidencial tuvo que ver con la inseguridad. Ya no fue el AMLO aquel que prometió acabar con la violencia criminal desde el primer día de su gestión y que hoy, nueve meses después, reporta los mayores niveles de violencia, con más de 26 mil muertos.
Desde el comienzo de la administración se inició la conformación de la Guardia Nacional que ya entró en funciones, con elementos extraídos de las Fuerzas Armadas y con mandos que, si bien están en retiro o en vías de hacerlo, del Ejército y la Marina, ya no pertenecen a los mandos militares.
Los resultados del combate a la delincuencia común y a la organizada se tendrán en al menos un año, reconoció el propio titular del Ejecutivo.
López Obrador arrancó una política de reducción de gasto del servicio público, que incluía despidos en todos los niveles de la administración pública con poco más de 24 mil personas, que provocó el declive en el número de asegurados con empleo formal en los sistemas de seguridad social y para impulsar el reforzamiento del Estado, el gobierno federal arrancó su política de no destinar recursos a organizaciones sociales, pues según esgrimió López Obrador, no forman parte de la administración pública. Eso incluyó a las estancias infantiles, creadas en el gobierno de Felipe Calderón y que recibían recursos gubernamentales.
También cuestionó la existencia de organismos autónomos, pues ha insistido, no tienen funciones claras y están al servicio de poderes fácticos.
Entre esos organismos están el INE —que ha resistido los embates—, el Instituto de Transparencia y el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (Coneval), entre otros.
De las medicinas que se adquieren para ser entregadas por el sector público de salud, el Presidente determinó que las licitaciones se efectuarían mediante la Secretaría de Hacienda de manera consolidada –para todo el sector público– y con ello tener un ahorro considerable. Pero el problema es que sigue el desabasto de medicamentos en los hospitales y a muchos laboratorios químicos-farmacéuticos no se les han pagado adeudos anteriores.
Y es que el cambio de régimen, como pretende López Obrador, no se va a lograr en un sexenio y mucho menos si no tiene el consenso de todas las fuerzas políticas.
Ayer mismo en Sonora, cuestionado sobre la confrontación al interior de Morena, López Obrador dijo que no puede intervenir porque ahora es el Presidente de todos los mexicanos y ya no hay partidos de Estado:
“Mi recomendación para todos los militantes de todos los partidos es que hagamos el compromiso de hacer efectiva la democracia, entre todos, y podamos construir una verdadera democracia, que desaparezca el fraude, que no haya manipulación, censura, compra de votos, que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato, que las elecciones sean limpias y libres. No es fácil sacudirse años, décadas, siglos de prácticas antidemocráticas, pero sí vamos a lograr la transformación del país.
En fin. Cada chango a su mecate.