Corrige Noroña: Félix Salgado debió ser gobernador de Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, de acceso a la información pública, a la propiedad, a la protección de datos personales, de tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, así como los principios de legalidad, de máxima publicidad, de irretroactividad de la ley y de Supremacía Constitucional.
De acuerdo a un comunicado, para este Organismo Constitucional Autónomo, con dicha medida se trata de contribuir a contar con un marco jurídico sólido y adecuado en la materia, ya que la figura de extinción de dominio debe servir como herramienta eficaz para que el Estado Mexicano combata la delincuencia organizada mediante la disminución de sus recursos económicos. De ahí la necesidad de un marco jurídico adecuado que haga efectiva la intención del constituyente y que cubra los resquicios legales, evitando así la impunidad.
La CNDH expresa su convicción de que la Ley Nacional de Extinción de Dominio debe ser un instrumento que permita debilitar la estructura financiera de los grupos delincuenciales, así como acabar con la corrupción, sin embargo, la norma jurídica también debe tener los mecanismos necesarios para que no se afecte en forma injustificada el patrimonio de las personas que actúan de buena fe.
Esta Comisión Nacional considera que algunas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio no favorecen de forma adecuada alcanzar la meta propuesta, por lo que, con el ánimo de colaboración y perfeccionamiento de la norma, se promovió el recurso para contribuir a consolidar y preservar el Estado de Derecho, defendiendo la Constitución Federal y los derechos humanos por ella reconocidos. Y, en consonancia, este organismo defensor de los derechos humanos busca la colaboración entre los Poderes de la Unión para coadyuvar con la finalidad constitucional perseguida con la instauración de ese mecanismo.
Durante la etapa de análisis que llevó a cabo este Organismo Nacional se recibieron pronunciamientos de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, quienes presentaron sus puntos de vista respecto de las posibles inconstitucionalidades e inconvencionalidades de la norma, y tras un riguroso estudio y en uso de sus facultades constitucionales y legales, así como en pleno ejercicio de su autonomía, esta Comisión Nacional presentó la correspondiente acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley.
La promoción de las acciones de inconstitucionalidad no busca, en ningún caso, atacar o debilitar nuestro sistema jurídico sino, por el contrario, su objetivo es consolidar nuestras instituciones y preservar nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho al defender los principios y los derechos humanos reconocidos en la Constitución General, los cuales representan una parte sustantiva de la misma.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que respetar y defender los derechos humanos implica el respeto y defensa de la Constitución.