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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la garantía de hacer valer los derechos humanos de cada persona va de la mano de la procuración y administración de justicia, por lo que, ante una labor tan delicada, es necesario fortalecer las instituciones y las leyes para evitar cualquier tipo de abuso y contaminación del sistema por intereses de terceros.
Destacó que, hoy en día, la procuración y administración de justicia se ligan a factores como la corrupción, impunidad e ineficacia, por lo que es indispensable fortalecer el Estado de Derecho, para que el personal del servicio público encargado de esas funciones actúe con firmeza y honradez, para proteger verdaderamente los derechos humanos de las personas sujetas a un proceso.
Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la disculpa pública, derivada de la Recomendación 64/2018 de la CNDH, que el Poder Judicial y el Gobierno, ambos de la Ciudad de México, ofrecieron por la detención arbitraria y la violación a los derechos al debido proceso, a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia en agravio de Lorena González Hernández.
En presencia de la agraviada, de la procuradora General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy y del magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, González Pérez puntualizó que la finalidad primordial de esta disculpa es el reconocimiento de la responsabilidad institucional de la Procuraduría capitalina y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por actos cometidos contra la agraviada, quien, después de casi siete años de estar recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, obtuvo su libertad, ya que la acusación en su contra resultó infundada e ilegal, al no soportarse con medios de prueba que la hicieran creíble.
En el Museo de la Ciudad de México, el ombudsperson nacional señaló que la procuración y administración de justica en el país preocupa a la ciudadanía, por lo que debe fortalecerse un sistema que garantice la seguridad jurídica de las personas, para que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales actúen con pleno apego a la ley y, sobre todo, con respeto a los derechos humanos durante las fases de investigación y proceso penal.
Tras mencionar que, con su actuar, personal de la Procuraduría capitalina y del TSJCDMX violentaron los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en agravio de Lorena González Hernández, aseguró que la Disculpa Pública que se ofreció a la víctima y sus familiares es una oportunidad invaluable para que las autoridades concreten su compromiso con la verdad, la justicia y la observancia de los derechos humanos.
Y refrendó el compromiso de la CNDH para ser la voz de aquellas personas a las que se les han violentado sus derechos humanos, y aseguró que la causa de las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales es su causa, ya que “somos su voz; es nuestra vocación institucional y nuestro compromiso con la Nación”.
Tras aceptar la disculpa pública, Lorena González Hernández refirió la vileza de la autoridad y cómo se ejerció acción penal en su contra acusándola de delitos de secuestro, homicidio, delincuencia organizada, robo de autos, y otras conductas delictivas, sin pruebas fehacientes, arrebatándole siete años de vida a ella y a su familia.
Agradeció a la sociedad civil, sus abogados, periodistas, estudiantes e investigadores y a la CNDH por la Recomendación que emitió, ya que “gracias a esa Recomendación que hoy estamos aquí; no fue porque el Estado tuviera buena voluntad de reparar los dalos sufridos, aunque lo reconocieron en las conclusiones no acusatorias, ocasionando revictimizar a las víctimas en nuevas luchas legales. No les estamos pidiendo un favor, solo les pido que hagan su trabajo”.
Aseguró que en México falta justicia y que la fabricación de ésta no debe convertirse en práctica natural por ambición política, incapacidad y negligencia de los servidores públicos para realizar investigaciones eficientes en el combate a la delincuencia, poniendo en riesgo a la sociedad, la integridad y esperanza de vida de las víctimas, pues a ella le destruyeron su proyecto de vida; sin embargo, a pesar de lo que le pasó, dijo, confía en las instituciones, continúa trabajando en la Policía y asume su responsabilidad para hacer lo correcto y lo virtuoso.