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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2019. — El Partido Acción Nacional (PAN) escaló ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por la supuesta liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera en el operativo del jueves 17 de octubre pasado en Culiacán, Sinaloa.
El equipó de abogados panistas presentaron una denuncia de hechos ante la FGR contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo, y quienes resulten responsables por presuntamente aprehender y después liberar al hijo del Chapo.
Por medio de un comunicado de Acción Nacional, se refiere que la denuncia fue presentada el viernes 18 de octubre por el área jurídica del PAN, para que sean investigados diversos hechos que pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal.
“El jueves 17 de octubre, el Estado mexicano fue sometido, arrodillado, humillado por el crimen organizado”, afirmó Marko Cortés, líder nacional del PAN, tras advertir que con la presunta liberación del hijo de El Chapo Guzmán, se vulneró el Estado de Derecho.
“El gobierno morenista envió un claro mensaje a los mexicanos: que hay amnistía para los criminales. Al haber liberado al hijo del Chapo se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, patrimonio y tranquilidad, se condenó a Sinaloa y otros estados de la república a seguir gobernados por el narcotráfico; esto es sumamente delicado porque al claudicar el gobierno, nos someten a todos, ante una delincuencia creciente, cada vez más violenta y organizada. El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido que vulnera claramente la aplicación de la misma”, sostuvo.
Cortés reclama “el sometimiento del gobierno federal a la delincuencia organizada, porque es absolutamente inaceptable que se condene a los ciudadanos para que sigan siendo perseguidos, extorsionados, secuestrados, y arriesgando su vida y su patrimonio”.
Insistió en la renuncia de todos los funcionarios que participaron en “el fallido operativo de Culiacán, Sinaloa, en coherencia con lo que pidió en 2015 el actual Presidente López Obrador, quien había dicho que la fuga de El Chapo Guzmán ameritaba la renuncia de todo el Gabinete de Seguridad”.
Demandó al Gobierno federal la aplicación estricta del Estado de Derecho contra la delincuencia organizada y a no dejarse someter a los intereses más perversos, porque “el gobierno se ha equivocado de enemigo, el gobierno pelea contra los que trabajan, contra los que pagan impuestos, contra los medios de comunicación, los persigue, pero debe tener claro que el único enemigo de México es la delincuencia organizada”.
Es la delincuencia organizada la que persigue, extorsiona, mata y roba, “lo que tenemos que decir con toda claridad es que si hay un enemigo que combatir es al crimen, el crimen que ahuyenta la inversión, el crimen que nos roba la tranquilidad a todas nuestras familias, el crimen que nos roba las vidas de nuestros hermanos”, concluyó.