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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2019.- Finalmente, luego de siete horas de debate, discusión, protestas, reclamos y descalificaciones entre panistas y morenistas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma por la que se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular.
Con tres modificaciones se avaló en lo particular con 237 votos a favor y 82 en contra, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y la remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
De acuerdo al dictamen aprobado, el objetivo es garantizar servicios públicos de salud de forma gratuita, así como medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención, a todas las personas que no cuentan con seguridad social, incluidos extranjeros sin importar sus estatus migratorio.
Y al documento aprobado, que de ser ratificado en el Senado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2020, con estas reformas se crea un nuevo modelo de salud pública, dirigido especialmente a personas que carecen de acceso a los servicios de salud y medicamentos que son cerca de 64 millones de personas.
“El modelo de salud del bienestar está basado en la atención primaria en salud, dirigido especialmente para la población sin seguridad social e implica que las y los mexicanos tienen derecho a una atención médica ambulatoria y hospitalaria de calidad, integral, gratuita, incluidos materiales, medicamentos, exámenes clínicos. Es decir, servicios de salud, integrales y universales”, detalló la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez.
Las reformas señalan que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para que éstas ejecuten la prestación de gratuita de servicios y medicamentos a las personas sin seguridad social.
Sin embargo, estipula que las entidades federativas podrán acordar con el Instituto que éste se haga cargo de administrar los servicios y medicamentos gratuitos, con los recursos que les corresponden a ellas.
Las reformas eliminan el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para ser sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar, que será un fideicomiso sin estructura orgánica en donde el Instituto fungirá como fideicomitente.
Los recursos de este Fondo se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, a las necesidades de infraestructura en los estados con mayor marginación social, y servirán para complementar los recursos para el abasto de medicamentos, insumos y exámenes clínicos.
También, se garantiza que el Gobierno federal destinará anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aceptó tres modificaciones: la primera presentada por el morenista Manuel Huerta, en la cual se precisa que los recursos que deberán aportar las entidades federativas, en los convenios con el Instituto, no necesariamente tienen que ser propios.
Mientras que, la segunda modificación fue la presentada por la priista, Dulce María Sauri Riancho, para establecer que la Junta de Gobierno del Insabi debe estar integrada por los titulares de todos los entes públicos considerados, y no representantes; asimismo, para incluir a un representante del gremio de los trabajadores del sector salud.
Y se avaló la reserva de la diputada Nancy Reséndiz de Encuentro Social, la cual obliga al Insabi a que en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la reforma, a rendir un informe al Congreso respecto al cumplimiento de la cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamento y demás insumos asociados.