Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar

La relación entre los medios de comunicación y las esferas de gobierno no siempre han sido buenas. En el pasado se dio una relación perversa, llena de turbiedades, sobre todo, cuando la mayoría de los medios y las concesiones de radio y televisión fueron adquiridos en la década de los setentas por empresarios ambiciosos, muchos de ellos ligados familiarmente a los políticos.

Ello repercutió en impedir que hubiera una libertad clara y contundente en los medios. Los propietarios prefirieron aliarse a las esferas del poder público a cambio de canonjías, a obtener millonarios contratos publicitarios y sacrificar el bienestar de cientos de trabajadores y sus familias pagando salarios “de miedo”, pues eran prácticamente intocables ante las demandas laborales ante los despidos injustificados.

Todos los presidente de la República se ufanaron en cada evento que les era propicio para sostener que la libertad de expresión estaba garantizada y José López Portillo en clara alusión a la revista Proceso a la que le canceló contratos de publicidad, le mandó decir con su vocero Francisco Galindo Ochoa que “no te pago para que me pegues”.

Ahora, Andrés Manuel López Obrador afirmó que dicha libertad de expresión está garantizada y su gobierno nunca pedirá que despidan a un conductor de radio o televisión, a un columnista de un periódico por los critican, “nos sentiríamos hasta mal, porque estamos acostumbrados a la crítica desde hace mucho tiempo, sería inmoral que nosotros nos metiéramos a manejar la política editorial en los medios.”

En relación a cuándo conocerá el pueblo las políticas de la cuarta transformación en medios públicos, López Obrador señaló que se informa como nunca había sucedido, se garantiza el derecho a la información y no se oculta nada y así se seguirá haciendo. Se deberá informar con más frecuencia sobre los contratos de publicidad con los medios.

Sobre la volcadura de una camioneta con periodistas que cubrían sus actividades el  pasado fin de semana en Sonora, dijo: “Lamento bastante, estuve pendiente, preocupado y también ocupado, porque hubo un accidente de compañeros de los medios que nos acompañan a la gira. Fueron varios los lesionados, afortunadamente no graves y ya están en recuperación.”

Y añadió:

“Hay que buscar la forma de evitar los riesgos y no necesariamente tienen que ir a cubrir desde aquí”, por ello insistió en sería mejor usar a corresponsales y cubrir la información y buscar mecanismos de otro tipo. Lo cierto es que todos los actos públicos se transmiten en vivo y, por práctica, dijo que él no habla más que en los actos públicos. Señaló que cuando hay periodistas que tratan de entrevistarlos en los recorridos, él procura esperar a los actos públicos.

Añadió que le tiene toda la confianza a Jesús Ramírez, como su vocero presidencial al que calificó como un hombre con principios, una gente honesta. “Descanso mucho en él, me apoya mucho, Jesús es mi brazo derecho, le tengo toda la confianza, fue periodista y director del periódico Regeneración, que llegó tirar hasta 15 millones de ejemplares por tiraje.”

El accidente que tuvieron los compañeros que cubren las actividades presidenciales y el menosprecio del propio López Obrador al trabajo de dichos reporteros, debería hacer reflexionar a los dueños y responsables de los medios de comunicación, si en verdad vale la pena cubrir las actividades de este tipo, aunque sea el presidente de la República.

Si los dueños de los medios, por sus propios intereses, están dispuestos a seguir cubriendo sus actividades, pues que asuman con responsabilidad todos, absolutamente todos los gastos que ello implica, incluyendo la seguridad de sus empleados y los seguros médicos y de vida de los mismos. Y que paguen salarios dignos a dichos trabajadores. Ya basta de tanta simulación.

Por otra parte, ya es tiempo que las autoridades laborales resuelvan los asuntos inherentes a los 350 ex trabajadores de unomásuno y que ya se destraben los trámites burocráticos que les impiden recibir su liquidación, después de 15 años de lucha. Y lo mismo con los ex cooperativistas de Excélsior, propietarios legítimos de la llamada esquina de la información que conforman los inmuebles ubicados en Bucareli y Reforma. El país requiere respuestas y soluciones y no las tiene.