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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de noviembre de 2019.- Con la desaparición del Seguro Popular luego de 16 años, por mayoría del Pleno de la Cámara de Senadores se dejó en incertidumbre a 51 millones 629 mil 931 mexicanos afiliados hasta septiembre de este año, ante la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Con el voto contundente de 67 senadores a favor del Grupo Parlamentario de Morena y aliados, 22 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, y 14 abstenciones del PAN y PRD, se aprobó en lo general y los artículos no reservados el proyecto de decreto de la Ley General de Salud, y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
La nueva institución del sector salud se encargará de implementar un nuevo modelo a nivel nacional, enfocado principalmente en la atención primaria, la prevención y la atención de la población más vulnerable.
Sin embargo, la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud, y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, desaparece el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 40 mil millones de pesos, utilizado para otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo como el cáncer, y los pasa a gasto corriente.
El nuevo Fondo de Salud para el Bienestar será un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, en el que el INSABI funge como fideicomitente.
El fideicomiso tiene como fin destinar los recursos que integran su patrimonio a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades, como: cuidados intensivos neonatales, trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos en menores de 18 años, enfermedades metabólicas en menores de 10 años.
Además, cáncer en menores de 18 años como: tumores dentro y fuera del Sistema Nervioso Central; y cáncer en mayores de edad como: ovario (epitelial y germinal), próstata, testículo, mama, cérvico-uterino, endometrio, linfoma No Hodgkin, esófago, colon y recto.
Y enfermedades infectocontagiosas como: VIH/SIDA, infarto agudo de miocardio en menores de 65 años, hepatitis viral crónica tipo C en menores de 65 años; trasplantes de médula ósea y de córnea, sin límite de edad, trasplante renal en menores de 18 años, y trasplantes trasplante de hígado, corazón o pulmón en adultos.
El dictamen aprobado en sesión de este jueves propone garantizar que todas las personas que no cuenten con seguridad social en el país tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, es decir, otorgar salud universal.
El senador de Morena, Américo Villarreal Anaya destacó esta nueva política centrada en el humanismo, el desarrollo social y la reorganización o reingeniería de un nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que ambiciona atender a 69 millones 81 mil 826 mexicanos sin seguridad social y a quienes se les brindará, considerando a la salud como un derecho humano y no como una prestación laboral.
“Este gobierno quiere dar un gran impulso a la salud, otorgando una mayor cobertura en la oportunidad de los padecimientos y buscando la universalización de los servicios, con una visión desde la promoción, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y suficiente, tratamiento oportuno y suficiente a estas nuevas enfermedades del siglo 21”, resaltó el morenista.
El bloque opositor conformado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores se manifestó en contra de la creación del Insabi, sustituto del Seguro Popular, debido a que se trata de una ocurrencia sin un estudio financiero sobre el costo de la seguridad social universal.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, arguyó que se necesitan 2.5 billones en recaudación para lograr los alcances que pretende la iniciativa de Morena, lo cual representa que la recaudación fiscal que actualmente va en 13 por ciento del PIB tiene que subir a 34, es decir, el Presupuesto de la Federación que es de seis billones tiene que llegar a nueve.
«No hay otra manera presupuestal de garantizarle a todos los mexicanos salud universal como viene en este dictamen. No contiene un solo impacto económico de cuánto cuesta la seguridad social, pero la prometen y la dicen como el gran proyecto de este sexenio”, señaló con estudio en mano sobre cuánto le cuesta a México dar una seguridad social universal, donde inclusive estuvo con el doctor Salomón Chertorivski.
Lejos de subir, este año 2019 la recaudación bajó “con todo el terrorismo, la incertidumbre, el tren maya, el aeropuerto, y tanta ocurrencia que han hecho que esté completamente detenido el panorama económico, menos dinero va a llegar y más difícil va a ser para el país dar una seguridad social universal”, reiteró el senador Ciudadano por el estado de Nuevo León.
Con lágrimas en los ojos frente a un grupo de padres de menores con cáncer que se encontraban presentes en el palco del Salón de Plenos, la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado adelantó la votación de la bancada en contra.
Aunque fue criticada e incluso denunció burlas en su contra, señaló que los morenistas sabían que el proyecto de decreto contenía errores, sin embargo lo defendieron porque saben fue un pedido de la Secretaría de Salud y del Presidente de la República.
“Cómo pesa, cómo pesa la presencia de los papás de niños con cáncer aquí en este Pleno, espero que les pese, estoy creyendo que sí, porque veo caras diferentes y veo discursos diferentes, y porque la Presidenta de la Mesa Directiva, que no está aquí, tuvo que explicar que aquí en el Senado nadie está en contra de los papás, que por cierto no están, no está llena la Mesa Directiva, no están todos los Senadores”, denunció ante la falta de senadores ausentes.
Ante la falta de sensibilidad que acusó y entre sollozos, la senadora del PAN calificó este 14 de noviembre de 2019 como el día en que la patria demande la afectación para la salud de los mexicanos.
“Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. La Comisión que fue asignada para escuchar a los padres de niños con cáncer solo los oyó, no los escuchó, porque los reclamos y demandas no fueron atendidos; la minuta, el dictamen está en los mismos términos en los que llegó de la Cámara de Diputados. Además, quiero mencionar que en el acuerdo no ayudan a los papás de niñas y niños con cáncer”, reiteró.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, Sylvana Beltrones, indicó que el Seguro Popular es una política de Estado que funciona legalmente desde 2004, a través de un aseguramiento público y voluntario, financia servicios de salud en México y a las familias no aseguradas, y aunque ha mostrado beneficios en muchos rubros era evidentemente también es perfectible.
“Nadie podría estar en contra de consolidar un sistema de salud universal equitativo y eficiente, y en mi grupo parlamentario no podríamos oponernos a ese objetivo y queremos fortalecer a las instituciones, pero es necesario que se haga de manera responsable y no sólo de forma aspiracional”, enfatizó sobre el ambicioso proyecto que pretende el crecimiento a plenitud del derecho a la protección de la salud consagrada en la Carta Magna, incluyendo a las personas que se encuentran en territorio nacional sin importar su condición migratoria.
En su momento, recordó que la creación del Seguro Popular tuvo una ruta crítica bien definida luego de 22 meses de trabajo, análisis y valoración. La iniciativa se presentó en noviembre de 2002, cinco meses después se aprobó en ambas Cámaras, se publicó en el Diario Oficial el 13 de mayo del 2003 y entró en vigor siete meses después, en el 2004.
La desaparición del Seguro Popular que da paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar llegó al Senado el 24 de octubre, solo 13 días después se aprobó en comisiones para que entre en vigor en mes y medio, sin prever un período de tiempo para poder hacer una transición ordenada y así lograr los objetivos que pretende.