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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de diciembre de 2019.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera dio a conocer que la llamada ley contra factureras y empresas fantasmas que aprobó el Congreso en octubre pasado, ya ha dado resultados al alcanzar una recaudación de dos mil millones de pesos, aun antes de su entrada en vigor en enero de 2020.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Herrera destacó la gran eficacia de esta reforma, la cual calificó como poderosa pues con su simple aprobación provocó que siete empresas decidieran acercarse a la Secretaría de Hacienda en busca de regularizar su situación, al reconocer que habían comprado facturas.
“Una vez que fue aprobada esta Reforma por la Cámara de Diputados, lo que provocó fue un período de autocorrección de diversas empresas que se han venido acercando, primero al SAT y después a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para corregir su situación fiscal, esto ha dado como resultado una recaudación de poco más de dos mil millones de pesos.
Lo que nos parece muy interesante es que, esta reforma sí ha sido tan poderosa que, antes de que entre en vigor está contribuyendo ya a aumentar la recaudación, siempre pensamos que iba a tener efectos muy positivos y lo está demostrando”, enfatizó.
Herrera destacó que con estas acciones voluntarias se está demostrando que no hay ningún tipo de terrorismo fiscal como se había señalado cuando se discutió y aprobó esta llamada ley contra factureros; resaltó que la SHCP no ha hecho ninguna acción y este efecto lo causó la simple aprobación y publicación de la ley.
Ante ello, señaló que lo que se espera es que sigan las auto-correcciones por parte de más empresas que estén en una situación similar, y con ello, un aumento en la recaudación, lo que abonará a lo previsto para el próximo año, independientemente de lo ya aprobado en la Ley de Ingresos.
Por su parte, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero detalló que en total fueron siete empresas que, conscientes de que habían comprado facturas y las implicaciones se esto les traería, decidieron acercarse a las dependencias hacendarias para regularizar su situación, por lo que, en conjunto hasta el día de hoy han pagado 2 mil nueve millones 971 mil 115 pesos.
“Estas empresas eran conscientes de que habían comprado facturas, entonces sabiendo de la gravedad y las implicaciones penales que podían haber, decidieron acercarse al SAT y a la Procuraduría Fiscal para corregir su situación fiscal, le quitaron los efectos fiscales a las facturas y pagaron”, explicó.
Sin embargo, dejó en claro que esto no quita el delito en el que incurrieron dichas empresas, por lo que, señaló, acudieron a la Procuraduría Fiscal para que, con el pago correspondiente se hiciera una reparación del daño y con ello un acuerdo reparatorio, el cual, dijo, será llevado a cabo ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Son siete empresas que habían comprado facturas, que estaban conscientes de que habían cometido un ilícito y antes de que entrará en vigor la reforma y que hubieran sanciones penales mucho más severas, decidieron autocorregirse y buscar un acuerdo reparatorio”, detalló.
Luego de ser avalado en el Senado, fue el pasado 15 de octubre cuando el Pleno de la Cámara de Diputados avaló, con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones, diversas modificaciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; a la Ley de Seguridad Nacional; Ley del Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley del Código Fiscal de la Federación y Ley del Código Penal Federal.
Esta ley tiene como objetivo, tipificar la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los siete millones 804 mil 230 pesos.
De acuerdo a esta ley, quienes cometan estos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, se sancionarán con dos a nueve años de prisión y se considerarán amenazas a la seguridad nacional; en ese sentido, cabe recordar que en la iniciativa se incluye la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada.