Teléfono rojo/José Ureña
Así como se consideraba que la participación ciudadana se circunscribía sólo a las elecciones, se pensaba también que cualquier acto ciudadano no estaba dirigido a influir en las decisiones políticas, a los gobernantes o las élites políticas, sino al sector privado, bajo la premisa de que el Estado o los políticos no tienen el monopolio de la responsabilidad.
Se busca entonces, dirigir las demandas, las acciones, a las organizaciones no gubernamentales, como los boicots a la hora de comprar o no determinado artículo, expresando así su punto de vista.
Esto implica que toda participación política conlleva acción, que se trata de la sociedad y no de gente que pertenece a las élites, tiene por objetivo consciente y definido influir, plantear demandas y, lo más importante, la voluntad de repercutir en las decisiones tomadas por otros, que no necesariamente son representantes populares o gobernantes. Con ello se obtienen resultados políticos.
Esta concepción de la participación política encuadra más ampliamente con la teoría democrática, aunque no propiamente la participativa, porque esto implica ya una forma de participación directa en la toma de decisiones de los actores políticos, las élites o los gobiernos.
El tipo de participación política de los ciudadanos al que la literatura se refiere es a la influencia indirecta sobre las decisiones tomadas por otros, las que antaño denominaron “no convencionales”. Se refiere en torno a la participación política a que en Europa hay variaciones considerables entre países e incluso en el territorio español, especialmente en la comunidad autónoma de Madrid.
Participar en elecciones, en todos los casos, es la actividad más común, mientras que la menos frecuente son las protestas ilegales. Tampoco son frecuentes las huelgas. Si bien el abstencionismo como forma de protesta es algo más común, el intervalo de tiempo entre elecciones es mayor que un conflicto coyuntural.
En Europa y España, la participación política más frecuente tiene que ver con las donaciones económicas, la firma de peticiones, los boicots comerciales por razones políticas, éticas o medioambientales.
En el caso español, sin embargo, la participación política que no tiene que ver con elecciones es escasa, por debajo de los países que tienen democracias participativas, siempre por debajo de la media con relación a Europa, con excepción de Portugal, en donde los partidos pretenden impedir toda forma de participación ciudadana que no sea a través de ellos.
En contraste, junto con la antigua Alemania Oriental y Moldavia, España va a la cabeza en la participación en manifestaciones y huelgas, pero no tiene casi ninguna cuando hablamos de su participación en los partidos políticos.
Ni siquiera el uso de la internet los ha motivado a la expresión de sus preferencias políticas o las actividades de esa índole, pero sí para la organización que por otras vías incida en la resolución de otros problemas.
Ya como país democrático, si bien la participación política española en actividades no convencionales ha aumentado un poco, en lo que se refiere a las elecciones legislativas se mantienen en márgenes elevados, en tanto que las protestas han crecido en todas sus manifestaciones, lo cual no quiere decir que su participación en la política o en los partidos haya aumentado sustancialmente, pues continúan en niveles muy bajos.
En cuanto a las comunidades autónomas, sólo Madrid y en menor proporción Cataluña y el País Vasco reflejan un mayor comportamiento de participación política. En el caso del primero, tal vez se deba a que es la capital.
Es importante dilucidar si el comportamiento político puede conjuntarse como niveles de participación coherente, coordinado y con objetivos. La primera tiene que ver con el canal de expresión; la segunda con el mecanismo de influencia. Si bien las elecciones son los acontecimientos dominantes en la representación, lo mismo sucede en las acciones que ocurren en tiempos no electorales, como cuando intentan influir en los partidos políticos, los legisladores o en los gobernantes. Pero también pueden hacerlo por su propia cuenta.
En el caso de las elecciones o los canales institucionales, implícitamente se aceptan las reglas, pero en el segundo pueden formar parte de las estrategias de protesta contestataria. En este caso, la participación se refleja al votar por un partido o trabajar para él; en el segundo, se trata de mecanismos de participación personal.
La tendencia general tanto en Europa como en España es a una mayor participación en los asuntos políticos, no necesariamente por las vías institucionales conocidas, con el contacto con los partidos políticos o las instancias oficiales. Los activistas no sólo participan en política, sino en otros ámbitos de la vida social.
De acuerdo con la literatura, la mayor participación política de los ciudadanos, tanto en la vida de los partidos y los gobiernos como en las diferentes problemáticas sociales, puede deberse a que existen mayores tiempos y niveles de democracia, así como al desarrollo económico. Pero la constante demuestra que los activistas no necesariamente recurren al voto, a los partidos o al gobierno cuando deciden participar.
Las crisis son derivadas por la falta de representación que la sociedad encuentra en los partidos, por democracias e instituciones endebles, por el surgimiento de caudillos, como ocurre en Latinoamérica. Pero también hemos visto que este mismo fenómeno –el del descontento con los partidos, gobernantes e instituciones- ocurre en Europa, en España en especial, aunque no necesariamente por las mismas razones.
Los partidos deben, en ambos casos, el europeo como el de América Latina, modernizarse si desean continuar siendo el instrumento de canalización de las inquietudes sociales y, más aún, construir gobiernos de partido responsable.
Podemos señalar también que, si bien en ambos casos la constante es un panorama de crisis económica en Europa y Latinoamérica, una mayor solidez y duradera democracia en Europa ha generado nuevas formas de participación y representación política que no se circunscribe solamente al ámbito electoral y/o de gobierno, sino en general a atender y enfrentar problemáticas de distinta índole, pues existen formas de participación política no tradicionales más acabadas.
En contraste, en el caso de América Latina, las democracias incipientes, con instituciones frágiles, con partidos que constituyen maquinarias electorales en su mayoría, donde la participación ciudadana es más de protesta airada que estructurada, los riesgos son mayores. Van desde el afianzamiento del caudillo por la incipiente vía democrática al poder, hasta la anarquía por las revueltas sociales y la permanente lucha por el poder.
Ese afianzamiento del caudillo en México, ha permitido por un lado la captura del espacio público por el presidente, López Obrador a través del recurso de la comunicación política y sus instrumentos (la conferencia matutina de medios, la referencia y énfasis a los temas símbolo) y por otra parte, la consolidación del hombre fuerte no ha sido efectiva aún, por la erosión de su partido dentro y fuera del congreso y el partido gobernante no ha cuajado el proyecto del presidente, entre otras razones por el conflicto interno de los ganadores, los desacuerdos parlamentarios, una correlación de fuerzas favorable en las legislaturas locales y desfavorable en los ayuntamientos del país.
Es naturalmente deseable que la vía institucional constituya el mejor de los instrumentos no sólo para resolver las problemáticas de las naciones, porque esto tiende a fortalecer a los gobiernos, los partidos y las democracias, pero también debemos entender que todo ello está al servicio, para el beneficio de la sociedad y no sólo de las élites.
Sin la sociedad, partidos, representantes populares, gobernantes e instituciones no pueden construir gobiernos sólidos y eficaces.
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