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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2020.- El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no quieta el dedo del renglón y envió nuevamente a la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero presidencial, el cual, han advertido los morenistas, será prioridad este periodo.
De acuerdo a dicha iniciativa, se busca que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
Asimismo, el documento, que fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro para su dictaminación, precisa que para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, quienes resolverán con base a la legislación penal aplicable.
Cabe recordar que desde el pasado 4 de diciembre de 2018, el presidente ya había enviado una iniciativa sobre el tema, misma que fue aprobada por el Senado el 27 de marzo de 2019; para el 9 de abril se remitió como minuta a la Cámara de Diputados en calidad de revisora, sin embargo, el 29 de octubre del mismo año, el Pleno en San Lázaro aprobó con cambios el proyecto.
Al enviarla de nueva cuenta al Senado, ésta rechazó las modificaciones y la envió nuevamente a los diputados quienes el 10 de diciembre recibió la minuta y votó rechazar nuevamente el texto del decreto propuesto por la cámara alta.
Ante ello, se siguió con el proceso previsto en la ley que señala que, “Si la Cámara revisora insistiere. Por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones…”, lo que hizo este día el jefe del Ejecutivo.
“A poco más de un año de haber tomado posesión como Presidente, sigo convencido de que la corrupción es la causa original de los males que aquejan al país. Reafirmo mi idea de que la deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder es lo que ha causado un mayor deterioro a la vida pública de México, tanto por el mal ejemplo como por la apropiación ilícita de los bienes del Estado. Por ello, a efecto de corregir ese mal comportamiento de los servidores públicos está el compromiso a gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, ejercer los recursos públicos de manera austera y abolir la impunidad”, se lee en el documento enviado por el jefe del Ejecutivo.