En contexto/Luis Acevedo Pesquera

Durante el fin de semana la oficina de gobierno en Palacio Nacional se convirtió en una especie de Monte Sinaí desde donde el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso su decálogo de acciones para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

La proclama, como se relata en el libro sagrado, fue hecha para un pueblo especial y como un mandato general que, sin querer reconocer el contexto global de la enfermedad apocalíptica del COVID-19, será suficiente para resolver los males de México y sus alrededores.

El nuevo discurso, que congrega a las principales las propuestas del gobierno desde hace tres semanas, agrega el apoyo inmediato, directo e indirecto no solo para los mexicanos más pobres que representan el 70 por ciento de la población, sino también a las clases medias, aunque no se define si éstas formarán parte del “pueblo bueno”.

Pero ya se muestra magnificencia en la retórica para sectores políticamente despreciados.

Como impulso novedoso del programa de recuperación se colocó al T-MEC, bajo el supuesto de que la mera entrada en vigor del acuerdo económico con Estados Unidos y Canadá el primero de julio será el imán de las inversiones, el intercambio de bienes y servicios, la producción, el empleo y el consumo, pero no precisó si esa esperanza es de alguna negociación “en lo oscurito” con Washington, para evitar el acuerdo con la OPEP.

En el decálogo presidencial brillan como obsesivas prioridades salvadoras de la recuperación económica y el impulso al bienestar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otras obras públicas de infraestructura, sin dejar de destacar la oferta de no encarecer los combustibles, pero sin aclarar que sus precios están indexados a la cotización internacional que en lo que resta del año estarán deprimidos.

La lucha contra la corrupción y la impunidad, que no han ofrecido resultados, junto con la Austeridad Republicana, que resta calidad y tiende a contradecir al punto anterior, así como la decisión de no incrementar impuestos ni introducir algún gravamen, forman parte destacada de las tablas divinas.

Hay que agradecer que entre los diez mandamientos presidenciales se incluyen la garantía de las libertades, la paz con justicia y el Estado de Derecho, con la esperanza de que sea conforme a lo que todavía establece la Constitución. Lo que no contempla es algún compromiso para evitar la tentación de emitir decretos, como el emitido en materia presupuestal, que da manos libres al Jefe del Ejecutivo Federal.

Buena parte de esta oferta es de imaginar que saldrá de algún cuerno de la abundancia descubierto durante alguna excavación reciente en los alrededores del Templo Mayor o en un cofre olvidado por los gobiernos anteriores en el mismo Palacio Nacional, porque del presupuesto aprobado y del sacrificio de la burocracia es prácticamente imposible financiar la recuperación en el tiempo y en la forma que se dice.

Contra lo que marca el decálogo, la contracción económica se traducirá en menores ingresos tributarios, junto con las restricciones de balance fiscal (impuestos intocables) con cero deuda, más la caída de los ingresos petroleros por el desplome de sus precios, los de por sí austeros ingresos federales durante el 2020 serán insuficientes para cumplir con el gasto público.

En el escenario del sector privado, la demanda agregada se desplomó por la cuarentena, lo que representa caída en el turismo, en las exportaciones, transporte, comercio y otros servicios, el consumo de gobierno que afecta a pequeñas y medianas empresas proveedoras, los hogares han reducido su consumo y las empresas diferirán nuevas inversiones debido a la incertidumbre económica.

Las pérdidas de empleo se concentrarán en los grupos con menos derechos laborales y en las empresas más débiles, además del trabajo informal. En general, los salarios perderán poder de compra y habrá concentración de las redes sociales en torno de grupos de poder: el gobierno o la delincuencia organizada.

El capital será para mantener a las empresas con viabilidad o para especular. Quienes disponen de capital y ahorros podrán aprovechar la coyuntura para hacerse de más activos pero los que solamente poseen su fuerza de trabajo verán mermados sus ingresos porque los apoyos federales, aunque contemplan a la informalidad, son selectivos.
Por si fuera poco, se afectarán todas las redes de protección social, cuyos apoyos se concentrarán en beneficio de alguna fuerza política dominante o de la delincuencia organizada.

En un ámbito todavía más cercano a nuestros bolsillos, la suspensión temporal de comercios, restaurantes, cines, espectáculos y revertirá la tendencia de crecimiento marginal del consumo privado que se observó a lo largo de 2019 y el análisis de los principales indicadores oscurece todavía más el panorama.

La suma de estos elementos conducirá en una contracción económica durante 2020 y parte del 2021, con efectos más nocivos entre los más pobres. Como de costumbre, afectará a las partes más vulnerables de la población.

Con la retórica esperanzadora planteada como un decálogo no hay todavía una ruta para evitar una depresión, ni se quiere reconocer que la recesión es una realidad inevitable.

@lusacevedop