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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2020.- Un grupo de 95 diputados, hasta el momento, de seis partidos políticos, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al Gobierno federal para que contemple como medida un Ingreso Único Vital de tres mil 746 pesos al mes, para las personas que perderán o verán disminuidos sus ingresos durante esta pandemia de coronavirus.
Según el punto de acuerdo, los legisladores proponen que este Ingreso Único Vital tenga una temporalidad de tres meses, no esté condicionado, y sean beneficiadas las personas que no cuenten con ningún tipo de apoyo, beneficio o programa social que esté implementado el Gobierno, y que por sus empleos estén recibiendo apoyos a través del IMSS o el SAT.
“Para las personas que son trabajadores informales y las personas que pierden su trabajo formal se propone un ingreso único vital, temporal y no condicionado. Se propone entregar un apoyo económico directo a través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de tres mil 746 pesos, por tres meses”, señala el documento.
En conferencia de prensa virtual donde participaron legisladores de todos los partidos, señalaron que el objetivo de este punto de acuerdo tiene el objetivo de concretar la iniciativa para implementar este apoyo que, señalaron, podría ayudar a reducir los efectos negativos de la pandemia, ya que dejaron en claro que acelerar la reactivación económica será indispensable para evitar que millones queden en la pobreza.
Aunque en el mismo documento no señalan cuánta población podría beneficiarse de este ingreso único, pues reconocen la dificultad de tener registro de trabajadores debido justamente al aspecto de formalidad en los empleos, así como la falta de un indicador sobre la condición de pobreza en el país, indicaron qué hay otras medidas para verificar a aquellos que gocen de algún apoyo en esta contingencia.
“(…) El programa extraordinario incorporaría a aquellas personas que lo soliciten, que no cuenten con seguridad social ni sean ya beneficiarios de algún programa social, utilizando la CURP de las personas solicitantes para corroborar su falta de derechohabiencia en el Seguro Social, y los registros de los programas sociales para identificar su condición de no beneficiarios”, indica el punto de acuerdo.
Laura Rojas precisó que la crisis por la pandemia ha causado, hasta el mes de abril, la pérdida de 700 mil empleos formales, sin contar al sector informal que también ha reducido o perdido sus ingresos, por lo que, dijo, son una cantidad enorme de familias mexicanas que la están pasando mal y sin tener algún apoyo.
Destacó que esta propuesta cuenta con un gran respaldo, por lo que, “se tendrá que convencer con razones y argumentos que la propuesta no sólo es deseable, sino urgente para muchas familias del país”.
Sin embargo, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, dio a conocer una cifra, que sin ser oficial, puede ser una referencia a lo que se busca, señaló que podrían iniciar con 11 millones de personas y llegar hasta 26, entre las que han perdido su empleo y las que pertenecen a algún grupo vulnerable como informales, que trabajan por su cuenta, tienen un micro negocio, entre otros.
En la misma conferencia el investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, sostuvo que esta propuesta es totalmente viable y costeable con los recursos de la Federación, además de ser necesaria.