Itinerario político/Ricardo Alemán

¡AMLO hará preso a quien le plazca!

Ayer dijimos que con la militarización ordenada desde Palacio, por decreto, arrancó la dictadura de López Obrador en México.

Por eso, hoy documentamos la manera en que el presidente mexicano tendrá todas las facultades para detener y llevar a prisión, de manera arbitraria y sin restricción alguna, no sólo a sus críticos, sino adversarios y antagonistas.

Es decir, el decreto de Obrador para militarizar la seguridad pública y la vida institucional en México no sólo abre la puerta para que López actúe de manera idéntica a los dictadores bananeros del continente, sino que le permitirá al presidente mexicano contar con las herramientas para iniciar persecuciones y purgas que aniquilen a opositores y adversarios.

En pocas palabras, resulta que con el decreto de Obrador, tendremos en el poder presidencial a un ‘Díaz Ordaz recargado’; un dictador que nos lleva der vuelta a la barbarie y que aplasta los principios democráticos básicos.

Y es que el decreto que militariza la seguridad pública y toda la vida nacional es un presunto armado legal que, en el fondo, incluye escandalosas violaciones a la Constitución y le otorgan al presidente facultades extralegales, propias del Ministerio Público, lo que cancela la División de Poderes.

Pero vamos por partes.

1.- Vale recordar que, al final del sexenio de Peña Nieto, el Congreso aprobó una reforma que daba carácter legal a la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.

La reforma fue impugnada luego de un intenso debate promovido justo por AMLO y sus comparsas político-electorales. Frente al rechazo, Peña dijo que no promulgaría la reforma, en tanto la Corte no avalara el apego de la reforma a la Constitución. La Corte desechó la reforma y estableció que no hay lugar para revertir la subordinación del mando militar al mando civil.

2.- Ya en su gobierno, AMLO promovió la Guardia Nacional, en medio de protestas. Para muchos no era otra cosa que el intento por esconder la militarización tras la careta de una Guardia Nacional ciudadana.

Y es que un Transitorio de la reforma que sustenta la Guardia Nacional dice que en los 5 años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, “el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad públicas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

3.- Por eso, el decreto de AMLO del 11 de mayo –que entró en vigor el 12 de mayo–, “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”.

Hasta aquí todo parece correcto. ¿Pero qué creen?

4.- Casi nada, que el decreto del 11 de mayo no establece quién y por qué razón se determinó “el carácter extraordinario” del uso de fuerzas castrenses en la seguridad pública. Pero tampoco aclara a quién corresponderá “fiscalizar y rendir cuentas” y menos precisa el papel de la inexistente CNDH e la defensa de los derechos humanos.

Lo peor, sin embargo, es que no hay un solo indicio de que el Ejército y la Marina estarán subordinados al poder civil, en sus despliegues, como exige la Constitución y como lo ratificó La Corte.

5.- Pero acaso lo más escandaloso es que a partir del 12 de mayo del 2020, militares, marinos y guardias nacionales estarán “facultados para realizar detenciones, ejecutar ordenes de aprensión; además de asegurar bienes y resguardar y procesar escenas de crimen y hacer labores de seguridad pública en las fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general…”.

¿Y eso qué significa?

6. Que Obrador viola, de manera flagrante, el artículo 21 de la Constitución; ordenamiento que, a la letra dice: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de ésta función. El ejercicio de la acción panal en los tribunales corresponde al Ministerio Público”.

Y ante tal violación constitucional, obliga la pregunta

7.- ¿Qué hacen, entonces, Ejército, Marina y Guardia Nacional, en tareas propias del Ministerio Público? Basta un decreto para violar la Constitución.

Pero es mayor el escándalo si abundamos en el decreto presidencial del 11 de mayo del 2020. Dice, por ejemplo: “La Fuerza Armada permanente, en apoyo al desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional”.

¿Por qué es mayor el escándalo?

8.- Porque según el 89 constitucional, militares, marinos y guardias no tienen otro jefe que el presidente de la República. Es decir, que Obrador puede disfrazar todo lo que quieran el decreto presidencial del 11 de mayo del 2020, pero lo cierto es que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional harán labores de policía, propias del Ministerio Público, bajo órdenes directas del presidente.

9.- Es decir, el presidente suplanta, por decreto, facultades constitucionales propias de la Fiscalía General de la República. Y con ello viola otro artículo constitucional, el 102, que define las facultades de la Fiscalía General.

10.- Pero aún hay más. Resulta que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos establece, en sus artículos 10 y 11, que “el mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República…”.

En pocas palabras, López Obrador es, a partir de ayer, 12 de mayo, no sólo el jefe del Poder Ejecutivo, sino que se desempeñará como Fiscal General de la República.

Y eso, aquí y en China, es una dictadura.

Al tiempo.