El agua, un derecho del pueblo
Nada cambió en este gobierno para la familia de David y Miguel. Las promesas del presidente López Obrador, se hicieron añicos. Es más, sus decisiones ahora destruyeron la certidumbre de esta familia, y de la de muchos parientes de secuestrados, de poder encontrar algún día a sus seres amados.
Para la familia de David y Miguel, la administración actual resultó peor que las anteriores, que limitaban los recursos para los allegados de las víctimas de secuestro. El gobierno de la llamada 4 T, de plano desapareció el presupuesto. La divisa presidencial de no engañar y no mentir, es una mentira en si misma.
David y Miguel son dos jóvenes estudiantes secuestrados hace ocho años en el estado de Guerrero. Los familiares tienen información que les confirma en donde se ubica la banda que los retiene. Sin embargo, sin razón conocida, simplemente no se realiza operativo alguno para rescatarlos. ¿De qué lado están las autoridades que investigan este caso de secuestro?
La vida era normal para los estudiantes David Ramírez y Miguel Ángel Rivera. Habían terminado un duro semestre de estudios y pensaban viajar hacia Ixtapa, Zihuatanejo, para celebrar no sólo el fin de cursos, sino el cumpleaños número 20 de Miguel Ángel. David había concluido el primer semestre de ingeniería, mientras que Miguel Ángel había terminado el último año de preparatoria. Eran buenos motivos para celebrarlo en la playa.
El jueves 5 de enero de 2012, después de despedirse de su familia, David se dirigió hacia la casa de Miguel, en donde lo recogió para posteriormente trasladarse al hogar de otro amigo que también iría con ellos de vacaciones. Sin embargo, los padres de este último muchacho no quisieron que su hijo viajara, debido a que había paseado mucho durante las cercanas festividades decembrinas. Sin saberlo, preservaron su integridad.
Durante la mayor parte de la travesía, Miguel mantuvo contacto mediante mensajes de celular para informar por donde se encontraban. Alrededor de las 10 de la mañana de ese día, Miguel le informó a un amigo que habían arribado a las cercanías de Ciudad Altamirano, Guerrero.
Miguel envió otro mensaje en el que informaba que hombres armados se dirigieron a la camioneta, en la que viajaban y sacaron por la fuerza a David. “Avísale a su mamá que se están llevando a David”, mandó por mensaje Miguel, “tengo mucho miedo, que alguien nos ayude”, escribió.
De repente, ya no hubo comunicación, era como si el celular se hubiera quedado tirado en el piso del vehículo. Miguel ya no envió mensajes. Los había retenido una banda de secuestradores que exigió rescate por devolverlos con vida. Los familiares denunciaron el plagio y mandos de la Policía Federal les indicaron que la corporación intervendría para ayudar en la negociación.
Tras días de penosas conversaciones telefónicas, la madre de David siempre pidió a quien contestaba del otro lado de la línea, que deseaba hablar con su hijo y con su amigo para que así se demostrara que los muchachos estaban vivos. Era la “prueba de vida” definitiva.
Después de 12 días, la esperanza se abrió cuando la madre de David escuchó a su hijo del otro lado de la línea. La señora hizo preguntas que sólo David podía responder. También le dio gusto que Miguel a lo lejos respondiera positivamente la pregunta dirigida a él que le permitieron hacer.
Ese mismo día en que se estableció el contacto telefónico, los padres de los muchachos pagaron el rescate fijado por los delincuentes. El dinero se entregó en un tramo carretero de Guerrero por medio de una tercera persona. Los secuestradores prometieron que los muchachos aparecerían de un momento a otro en un paraje cercano. El hombre que entregó el dinero a nombre de los familiares (“el pagador”), tuvo que esperar por horas. Cayó la noche y tuvo que dormir ahí, en espera de que los jóvenes aparecieran, pero nunca fueron devueltos.
El caso, integrado en dos expedientes, primero en el clasificado PGR/SEIDO/010/2012, que luego cambió a PGR/SEIDO/289/2013, ha presentado una sospechosa cadena de irregularidades. Como “resultado” de la investigación efectuada por la Procuraduría General de la República en 2013 se aprehendió a dos presuntos responsables del delito y a ocho personas más vinculadas con los detenidos.
Sin embargo, no hay pruebas fehacientes que demuestren su implicación y menos se ha rescatado a los muchachos, de acuerdo a declaraciones de los familiares de las víctimas. La madre de David informa que la empresa telefónica que brinda servicio a los celulares de los muchachos entregó el rastreo de las zonas desde donde se seguían haciendo llamadas y esta evidencia se entregó a la PGR, en espera de un operativo que permitiría el rescate de los estudiantes.
La ineficacia fue la repuesta de las autoridades, ni la entonces PGR ni el Ejército ni la Marina, realizaron operativo alguno. “Han tenido por lo menos 20 oportunidades para agarrarlos” y no han hecho nada, narra consternada la madre de David. Menciona que primero fue rescatado un estadunidense que tenía secuestrado ocho meses en esa zona de Guerrero que se haya hecho algo por los estudiantes.
Ante la inactividad de las autoridades, los familiares de los muchachos mantienen una campaña en redes sociales y colocan mantas y panfletos en las calles, en los que aparece la foto de los dos chicos, con el fin de obtener información de su paradero. “Rescatemos a David y Miguel”, es una campaña que es posible observar en la ciudad de México y en otras zonas de la República.
Ninguna autoridad da una respuesta de la inacción. La agente del ministerio público desvirtúa la información para que no se llegue a nada, señala la mamá de David. Los familiares han llenado cientos de hojas en la PGR, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación.
El caso incluso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La maraña burocrática ha sido enorme y no ha servido de nada. La ministerio público que lleva el caso señala que la Sedena y la Semar se niegan a hacer un operativo en esa zona de Guerrero, refiere la mamá de David.
“Las autoridades no dan respuesta a las preguntas que hacemos sobre el caso. Habiendo todos los elementos no hacen nada”, agrega. Reflexiona: “todo esto se atribuye a la corrupción que ya llegó hasta arriba. Los delincuentes pagan su cuota y por eso están blindados”. Y así han pasado los meses y después los años, en espera de que David y Miguel sean por fin rescatados y regresen sanos y salvos a sus hogares.
Han acudido a autoridades de todos los niveles, incluso fueron con el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió ayudarlos en su búsqueda infructuosa. Lo mismo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al igual que su antecesor, no cumplió su palabra
En la cuenta de Facebook, realizada para promover el rescate de los muchachos, se leía antes del 1 de diciembre de 2018:
“Después de tener contacto con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nos ofreció su ayuda y nos asignó a un abogado especializado, con mucha experiencia y que forma parte de su equipo, para darnos acompañamiento en todas nuestras citas con las diferentes instituciones como: Derechos Humanos, juzgados, SEIDO, Órgano Interno de control de PGR, entre otras”.
A casi dos años de esta administración. A los familiares de David y Miguel no les queda duda. Este presidente también les mintió, salió igual que el anterior.