Visión financiera/Georgina Howard

Puerta giratoria en la SCT

Cuando Javier Jiménez Espriú dejó el cargo como mandamás de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), empresarios de la industria de la construcción lo celebraron, ya que la llegada de Jorge Arganis Díaz Leal representaba una nueva oportunidad para limpiar, como lo ha dicho el Presidente del país, de arriba hacia abajo toda la corrupción que, por décadas se han denunciado al interior de la dependencia federal.

Y es que un centenar de directivos de empresas constructoras han asegurado que diversos funcionarios controlan los contratos de obra en carreteras o trabajos de mantenimiento, favoreciendo siempre a las mismas compañías; situación que parece ser no muy distinta a pesar de la salida de Espriú.

No solo el sector empresarial, sino también desde la Cámara de Diputados han señalado en días recientes que quien encabeza la hermandad de empresas beneficiadas con los contratos es el subsecretario de Infraestructura de la propia dependencia, Cedric Iván Escalante Sauri. 

Este funcionario ocupó cargos en la SCT durante 24 años para, en 2007, fundar Consultores y Constructores Escalante; empresa con la que acumuló contratos que sumaron hasta 436.4 millones de pesos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en lo que ha sido una de las más evidentes ‘puertas giratorias’ que se haya visto. 

Hoy es señalado de favorecer a la firma Grupo Constructor Empresarial Taurus SA. de C.V., ligada al ex diputado panista Marcos Salas, persona allegada a Escalante y quien se presume ha reunido a un grupo selecto de constructoras para ser las consentidas de la obra pública de la SCT.

Recientemente, esta compañía se hizo del contrato número 2018-30-CF-A-125-W-00-2018, para el mantenimiento del camino Tlapacoyan- Plan de Arroyos, por una cantidad superior a los 20 millones de pesos.

Ante esto, el diputado federal por San Luis Potosí, Ricardo del Sol Estrada, ya solicitó una reunión urgente con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para informar de toda esta situación; sumado a los tejes y manejes que la diputada morenista por Durango, Martha Olivia García Vidaña, ha tenido con el subsecretario para ‘empujar’ a un grupo de empresas en el estado.

El problema es que, a pesar de que Cedric Escalante haya manifestado en su declaración patrimonial de enero de 2019 no tener conflicto de interés, este viaje de ida y vuelta del gobierno a la empresa y de esta al gobierno, es una fehaciente prueba de que este funcionario estaría violando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo él representante de la Cuarta Transformación.

*** GIA cosecha reconocimientos

Autoridades chilenas como la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Mattheu, y el Ministro de Obras de Chile, Alfredo Moreno Charme, han reconocido a Grupo GIA, que preside Hipólito Gerard Rivero, por las medidas sanitarias implementadas ante el Covid 19 para proteger a sus más de 700 trabajadores, encargados de la construcción del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriátrico, así como a los pobladores de dicha zona al instalar controles de temperatura, hacer obligatorio el uso de mascarillas y el distanciamiento social, entre otras.

Ambas obras beneficiarán a más de 500 mil habitantes de ocho comunas de Santiago, por lo que, antes de reiniciar los trabajos la empresa mexicana se dio a la tarea de garantizar las condiciones de higiene y seguridad para todos, por lo que modificó sus procesos administrativos y operativos para el manejo de equipo pesado, almacenamiento, disposición de materiales, así como sanitización constante de áreas comunes.

*** Arrendadora consentida a Mexicali

Combatir la corrupción es uno de los principales estandartes de la autodenominada 4T, motivo por el que la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habría de voltear a ver a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde contrataron a Jet Van Car Rental por 13 millones 904 mil pesos para arrendar 60 patrullas, sin importar que era la propuesta más onerosa por más de 4 millones y medio de pesos.

Entre los implicados resalta el nombre de Lucy Janet Sing, quien como representante del Oficial Mayor desestimó la queja en que Lumo Financiera del Centro, argumentó que la ‘ganadora’ incumplió con las bases de la licitación 01-LA-802002998-E2-2020, al no acudir a la Presentación de Proposiciones.

¿La empresa de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López habrá movido sus influencias? Es una interrogante que tendría que ser respondida, más aún al recordar que Jet Van se llevó 623 contratos en la gestión de Enrique Peña Nieto, 490 de los cuales habrían sido adjudicados directamente.

*** Escenarios de la industria plastiquera

TOME NOTA *** La industria del plástico tiene dos escenarios críticos que le han provocado un impacto muy grande a su economía. Primeramente, están las prohibiciones en diversos estados incluida la CDMX, ante ello se tuvo un decremento del 3 por ciento en el primer trimestre del año, aunado a la pandemia del Covid 19 que ha complicado más la situación, pues en sector se calcula cerrar el año con un decremento alrededor del 9 por ciento.

Y aunque, la industria ha estado en permanente comunicación con las autoridades, acata y respeta toda ley que emane de las entidades federativas.

Sin embargo, en la capital del país la prohibición de bolsas de plástico, fue basada sin ninguna medición de impactos, sin ninguna regulación y con ninguna Norma establecida, esto de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (ANIPAC), de Aldimir Torres Arenas, quien da otro ejemplo de regulaciones al vapor, pues basta saber que, una bolsa biodegradable que sería compostable en todo caso, tiene el mismo impacto en los mares que una bolsa derivada de petróleo.