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Positivo IEPS a refrescos
El Laboratorio de Datos contra la Obesidad considera que reconocer que la obesidad es un problema multifactorial en el país, es el primer paso para diseñar estrategias que tomen en cuenta impuestos globales a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, activación física y campañas educativas.
El planteamiento del Congreso de la Unión de aumentar el IEPS a refrescos debe ampliar el análisis sobre qué otras industrias y productos, con base en la evidencia científica, deben tener este impuesto especial.
La Organización Panamericana de la Salud es enfática al respecto: las bebidas azucaradas aportan un tercio (28%) de todas las calorías que consume la población en América Latina.
Y el 72% restante proviene de los alimentos procesados, que contienen azúcares, altas cantidades de grasa y sodio, en un contexto en donde México mantiene un consumo alarmante, pues somos el mercado minorista de snacks más grande en la región y el de mayor crecimiento esperado.
En México, las industrias de las papas fritas, galletas y snacks son de las más importantes, sobre todo entre niños de 5 a 11 años de edad, quienes las consumen regularmente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2018, la más reciente disponible.
En las principales ciudades mexicanas, donde el problema de la obesidad es más grave, el mercado de “snacks” sumó un valor de más de 53 mil millones de pesos según datos de Kantar Worldpanel. Si dividimos esta cantidad entre la población mexicana, representa un gasto de más de 417 pesos por persona en estos papitas, galletas o pastelillos.
*** Corrupción en Grupo Relissa y Gerlim
Se le podría venir la noche a Grupo Relissa Servicio Corporativos y Gerlim, cuyos accionistas son Santiago Reyes López y Raúl Reyes Domingues, además de que el representante legal es su hijo, Luis Gerardo Reyes Mote, al grado de que varias dependencias del gobierno actual analizan terminar anticipadamente los contratos celebrados con dicha firma ya que hay indicios de actos de corrupción.
Todo ello se derivaría de una denuncia interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares Páramo.
Y es que se presume que estas empresas podrían estar relacionadas con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y además habrían negociado fuera de la ley para obtener millonarios contratos como proveedoras gubernamentales, entre ellas, dependencias como el Fonatur, Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Secretaría de Cultura, INBA, Metrobús y Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El tema explotó cuando en días recientes trascendió en redes sociales imágenes proporcionadas por Melissa Suárez Velázquez en donde amenazó con ventilar la red de corrupción que encabeza su agresor y esposo José Juan Reyes Domínguez, quien guarda lazos con proveedoras del gobierno, entre ellas las mencionadas Grupo Relissa y Gerlim, cuyos contratos con la actual administración rebasan los 600 millones de pesos.
La golpiza de este personaje a su esposa ha llamado la atención de las autoridades federales, particularmente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que dirige Olga Sánchez Cordero; y su subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, pero ahora es el gabinete presidencial el que analiza romper todo vínculo con alguien que además de tener indicios de actos de corrupción es un presunto golpeador de mujeres.
Asimismo, Gerlim acumuló 35 contratos en 2019 por aproximadamente 268 millones de pesos, más otros 10 convenios por 53 millones de pesos, en lo que va de 2020 y Grupo Relissa suma seis acuerdos por más de 429 mil 723 pesos, más otros tres por 3 millones 120 mil pesos, correspondientes a 2019.
*** Vuelve el paso de charola a la IP
Este 15 de septiembre se llevará a cabo la “rifa del avión presidencial”, y junto con su inminente llegada, el viernes pasado escuchamos a un Andrés Manuel López Obrador benévolo con la iniciativa privada, sobre quienes dijo que se portaron muy bien si se considera que según él no disminuyó en gran porcentaje el número de trabajadores inscritos al Seguro Social, pese a la pandemia.
Y vaya que este cuestionamiento es pertinente si volteamos a ver las presuntas acciones emprendidas por Directores de Administración y Oficialías Mayores de la 4T, quienes habrían solicitado por escrito el apoyo de los proveedores de gobierno para que aporten un mínimo de 10 mil pesos a la cuenta de la Lotería Nacional, mensaje que habrían acompañado de una petición para que envíen los respectivos comprobantes de pago “para su debido registro”.
Así, ante la baja venta e interés en el sorteo, el pase de charola habría comenzado de nueva cuenta, tal como sucedió en febrero pasado, cuando diversos empresarios recibieron una carta compromiso para participar en la compra voluntaria de los famosos boletos, aquellos tan importantes para el mandatario. Sin embargo, a la fecha existen cientos de proveedores que presentan atrasos en sus pagos de hasta seis meses de servicio, sumado a los recortes en sus contratos por el Decreto de Austeridad publicado en abril pasado.
*** Avanzan carreteras en Chiapas
La SCT de Jorge Arganis Díaz Leal, designó a la firma APP Arriaga–Tapachula, para realizar las obras de rehabilitación y conservación en la principal vía de comunicación entre México y Centroamérica, hablamos de la carretera costera No.200, para el tramo que abarca del km 47+000 al 283+500, en Chiapas, de Rutilio Escandón. Sin duda un proyecto de gran magnitud en beneficio de los casi 12 mil automotores que circulan a diario por esta zona, siendo uno de los objetivos la contratación de mano de obra local, es decir, 1,760 empleos directos y más de 3,500 indirectos.
Así, la tarea consiste en rehabilitar 487 km equivalentes en dos carriles de circulación por sentido, sustituir alrededor de 1,400 obras de drenaje, colocación del señalamiento vertical, defensa metálica, dispositivos de seguridad, la conservación de 200 estructuras, limpieza de la superficie de rodamiento y deshierbe del derecho de vía.
Además, para la pavimentación se aplicó un procedimiento constructivo innovador, en donde se utilizan materiales reciclados, esto para disminuir el impacto ambiental, con ello se han rehabilitado y ya se encuentran en operación 241 km y contando.