Reforma judicial deja sin protección a periodistas: Jan Albert Hootsen
CIUDAD DE MEXICO a 9 de septiembre del 2020.- Tras un paro ‘loco’ en la Mina de Cósala, Sinaloa y la exigencia de dos millones de dólares por gastos de huelga, de parte del senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia, sin contar con la titularidad del contrato, la empresa canadiense Americas Gold and Silver Corporation se va del país.
De inmediato, en redes sociales, el también dirigente del Sindicato Minero público que “Resulta inaceptable que la empresa canadiense Americas Gold and Silver Corporation amague con el cierre de una mina para interferir con la elección de sus representantes.
«Hago un llamado cordial a los empresarios con dimensión social para que respeten el derecho de las y los trabajadores decidir sobre su pertenencia a un sindicato”, dijo.
Y el diputado federal Carlos Pavón Campos dijo que “desgraciadamente, desde inicios de este año la mina que operaba Trituradora Minera del Noroeste, está parada, sin que haya autoridad que someta a la legalidad a quienes la bloquearon. Durante todo este tiempo, los trabajadores no perciben salario y se muestra una imagen ante la inversión extranjera que no les interesa solucionar el problema”.
El líder de los mineros Pavón Campos señaló que Yasser Beltrán, es el operador de Gómez Urrutia y es quien mantiene el bloqueo de la mina, mediante amenazas a los trabajadores. “Además, presume que tiene relación con el crimen organizado de la zona, lo cual es sumamente preocupante”.
El contrato colectivo de trabajo se encuentra legalmente en disputa entre el SMM y el de Gómez Urrutia y consideró “como penoso que se cierre una empresa, que percibe que no hay estado de derecho, por el capricho del senador de Morena, a pesar de que existen denuncias de los trabajadores de la mina en su contra”.
A través de un comunicado, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico responsabilizó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de cometer una serie de anomalías para favorecer a Napoleón Gómez Urrutia con el fin de que su sindicato ganara la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la mina Rafael, en Cósala, Sinaloa; ante lo cual, la empresa decidió abandonar el país.
Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, puntualizó que la situación en ese poblado sienta un lamentable precedente que demuestra cómo la colusión entre autoridades laborales y el sindicalismo pueden acabar con una fuente de trabajo.
Lamentó que la empresa minera haya anunciado su salida del país ante la suspensión ilegal de labores realizada por el sindicato de Gómez Urrutia, desde el pasado 26 de enero, a pesar de que su agrupación no es titular del contrato colectivo de trabajo.
El diputado federal sostuvo que, desgraciadamente, desde inicios de año la mina (operada por Trituradora Minera del Noroeste S. A. de C. V.) ha estado parada sin que haya autoridad que someta a la legalidad a quienes la bloquearon.
Externó que a la JFCA le urge solucionar a favor de Gómez Urrutia el recuento de trabajadores en la mina San Rafael, debido a que en octubre dejará de tener esas funciones, porque empezará a operar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Pavón Campos expuso que, de manera manipulada, la JFCA no informó al sindicato que encabeza, como parte interesada, de la audiencia realizada el jueves de la semana pasada, para avanzar en el caso.
Indicó que no hay nada claro sobre si el próximo 11 de septiembre se realizará el recuento de trabajadores, debido a que existe muchas distorsiones, entre ellas, la intención de que se reconozca sólo el padrón de trabajadores presentado por Gómez Urrutia en marzo.