Las verdaderas causas de la pérdida de empleos en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de enero de 2021.- En diciembre pasado, en México se perdieron 277 mil empleos formales. Sin embargo, no sólo no existe ninguna evidencia de que ello responda al uso de la subcontratación, sino que está comprobado que este fenómeno obedece a una estacionalidad de larga duración vinculada con ciclos económicos, la asignación del presupuesto público y la creación de trabajos temporales en octubre y noviembre.

De acuerdo con Tallentia Mx, En 2020, además, la principal causa de la pérdida de empleos en diciembre fue el regreso a semáforo rojo en distintas entidades del país, de manera muy especial, en la Ciudad de México. El cierre de negocios y la suspensión de actividades en todos los sectores han generado que haya una seria diminución en el trabajo formal. Los sectores del turismo, de los servicios y las actividades restauranteras han sido algunos de los más afectados.

Desde que se tienen registros oficiales, es decir, 1998, existen ciclos anuales en la creación del empleo formal. Durante los tres primeros trimestres del año, aumenta el número de empleos. Lo mismo sucede en octubre y noviembre. Sin embargo, en diciembre de todos los años, tiene lugar una caída en los puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dado que la caída de empleos en diciembre sucede desde hace más de 20 años, es equivocado atribuir este fenómeno al outsourcing, un sistema laboral que, en México, es legal y está regulado desde 2012. Además, ni el IMSS ni el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ofrecen información que permitan atribuir de manera específica la pérdida de trabajos a la subcontratación.

En 2020, la pérdida de empleos en diciembre estuvo asociada sobre todo con la entrada en vigor del semáforo rojo en distintas entidades del país (especialmente, la Ciudad de México), con la consecuente disminución de actividades económicas de todos los sectores.

Otra de las causas de este fenómeno es la asignación anual del presupuesto público en los tres niveles de gobierno, que obliga a que haya recortes de personal en diciembre con el cierre del ejercicio presupuestal, de tal suerte que las recontrataciones (ordinarias o por medio de subcontratación) se dan en el primer trimestre del año con el inicio de dicho ejercicio.

Se dice que la separación de personal en diciembre se lleva a cabo para evitar el pago de aguinaldos. Esto es falso. Desde 1975, se estableció en la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores recibirán su parte proporcional de aguinaldo, aun cuando no hayan cumplido un año de trabajo y sin importar en qué momento del año hayan dejado su empleo. Así, por ejemplo, un empleado que haya laborado sólo 3 meses y que haya abandonado su puesto en julio debe recibir la parte proporcional de su aguinaldo por ese periodo de trabajo.

Tampoco a nivel internacional hay una correlación entre la estacionalidad y la subcontratación. En Estados Unidos, donde el outsourcing es utilizado con mucha mayor intensidad que en México, no existe una pérdida de empleos temporal como en nuestro país. Cada nación, según sus ciclos económicos, presenta variaciones en el número de trabajos formales. En España, Brasil y Portugal, se pierden empleos en el primer trimestre del año. Por otro lado, en Argentina y Colombia no hay un patrón de cambios estacionales.

De hecho, según el informe de la Organización Internacional de Trabajo intitulado El empleo atípico en el mundo, se ha comprobado que, a nivel global, los trabajos temporales, las fluctuaciones estacionales del empleo y el uso de la subcontratación están ampliamente difundidos y forman parte de las dinámicas laborales y económicas contemporáneas, necesarias en todos los países. Esto no significa que exista una correlación entre el outsourcing y la pérdida de empleos, sino que son fenómenos independientes y que tienen lugar en todo el mundo.

Atribuir la estacionalidad a la subcontratación resulta muy peligroso para la economía nacional, puesto que se desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que actualmente es legal en nuestro país y que ha dado pruebas de incrementar el empleo formal, hacer crecer la productividad de las empresas y ofrecer ayuda para que los negocios salgan adelante, en especial, en el contexto de la crisis generada por el coronavirus.

En este marco, es importante señalar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que el uso del outsourcing será necesario para poder instrumentar las cadenas de suministro de la vacuna del COVID-19. La OMS apuntó que la colaboración entre los distintos gobiernos y las empresas de tercerización permitirá aumentar la eficiencia, reducir los costos y capacitar al personal para distribuir la vacuna. En este sentido, atentar contra la tercerización pondría en riesgo la inmunización de la población, con los consecuentes efectos sanitarios, económicos y laborales que ello significa.

Asimismo, la pandemia ha generado una enorme crisis económica y laboral con repercusiones muy negativas especialmente para las mujeres, los jóvenes, las personas con capacidades diferentes y, en fin, los sectores más vulnerables de la población. Es por ello que resulta muy riesgoso atacar al outsourcing, cuando éste ha sido un sistema que ha probado generar empleos formales y, de manera específica, atender las necesidades laborales de dichos grupos históricamente marginados.