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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo de 2021.- El diputado federal del PRD, Antonio Ortega pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer las controversias en contra de la Reforma Eléctrica que se esperan, y que se emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial, esto para frenar, dijo, la persecución del Ejecutivo federal contra jueces.
Mediante un comunicado, el legislador señaló que diputados, senadores y gobernadores han coincidido la necesidad de que la SCJN se involucre en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley Eléctrica y así evitar más conflictos.
“Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias”, señaló.
Ortega Martínez indicó que el presidente López Obrador supo de las irregularidades jurídicas que contenía la reforma que propuso, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa, incluso, sostuvo, que en los,próximos días de hecho se esperan 300 más”, indicó.
Al respecto, explicó que lo que procedería es que la Presidencia recurra a un tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Juan Pablo Gómez, quien se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de la Industria Eléctrica; además de que también escuchará a la representación del gobierno.
Agregó de que en caso de que la SCJN tomara la decisión de atraer este debate, serán necesarios ocho votos, mismos que pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas.
El legislador criticó la actitud del Gobierno federal al señalar que desde hace casi 200 años el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido como ocurre hoy, “una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo, podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a las y los ministros de la SCJN a que ordene al Legislativo a realizar los ajustes pertinentes como lo mandata la Constitución, con base en las resoluciones del juez Juan Pablo Gómez, “así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la propia Corte, que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la llamada Ley Nahle”.