Por delitos, analizan conectar Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de marzo de 2021.- En una mesa de trabajo a distancia, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, arrancaron el análisis de la iniciativa que propone establecer un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), reconocieron que comparten el compromiso del Gobierno federal para erradicar delitos como la extorsión, con leyes que protejan a la población.

Con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC), así como de empresas del sector, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, Rafael Eslava Herrera, reconoció la necesidad de adoptar mecanismos que garanticen el combate a la extorsión. 

Dicha iniciativa promueve un esquema de contratación complejo y con requisitos de difícil cumplimiento para un amplio sector de la población. 

El Comisionado del IFT, Sóstenes Díaz González, apuntó como desventaja de la propuesta, el costo de su implementación y la administración de la base de datos.

Planteó buscar sinergias con otras propuestas como la de Cédula de identidad, para reducir los costos y no duplicar bases de datos; además de hacer una reflexión más profunda para proteger la información y privacidad de los usuarios. 

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, alertó que los sistemas de prepago de telefonía son un grave peligro, debido a que no existe ningún requisito, ni control, lo que ha permitido a grupos criminales operar con gran flexibilidad.

“Por lo que buscamos que se tenga un registro, un padrón, para que sepamos quién está detrás de esas líneas”, indicó el funcionario federal.

De la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSP, Ignacio Hernández, señaló que con la reforma que se analiza, en ningún caso se pretende vulnerar la presunción de inocencia.

Al contrario, señaló los usuarios tendremos el derecho de saber qué números están bajo nuestro nombre y cancelarlos, y el Ministerio Público podrá determinar quién utilizó esas líneas para cometer algún ilícito.