Urge reforma que someta a INE y TEPJF al principio de legalidad: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2021.- La reforma electoral que promovemos tiene el propósito de someter al principio de legalidad a los órganos y a los tribunales, para que no cometan abusos, arbitrariedades ni violaciones a los derechos humanos, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila. 

En un video mensaje que publicó en redes, el coordinador parlamentario de Morena acusó que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han alejado del principio de legalidad e invadido esferas de competencia de otros poderes. 

El morenista indicó que estas instancias “están incurriendo en violaciones graves a la Constitución, al violar derechos humanos de quienes aspiran a ser votados en una elección democrática”. 

Calificó de alarmante que 49 candidatos a puestos de elección popular hayan sido eliminados y les hayan revocada su aspiración y derecho a ser votados.  

Candidatos a diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, dos gobernadores, para Michoacán y de Guerrero, han sido eliminados a la mala, reprobó Monreal Ávila.  

Ahora está en puerta una resolución para eliminar la candidatura de Mónica Rangel para la gubernatura de San Luis Potosí, una mujer excepcional, profesionista intachable, de enorme trascendencia, que puede correr la misma suerte. 

Por el abuso y las arbitrariedades del órgano electoral que, en una actitud desmedida, busca eliminar la candidatura de Mónica, como lo hizo con otros compañeros de Morena. 

¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo curioso de esta andanada y de esta abierta agresión?, cuestionó el senador. 

“Que las y los 49 candidatos eliminados son de Morena. Ningún otro partido ha sido sancionado con esta actitud y con esta agresión anti-Morena. Los 49 son de Morena, ningún del PRI, ninguno del PAN, ninguno del PRD, ninguno de Movimiento Ciudadano. Todos son de Morena”. 

Por eso, asentó el líder de la mayoría legislativa en el Senado, urge la reforma electoral, que someta al principio de legalidad a los órganos y a los tribunales, para que no cometan abusos, arbitrariedades ni violaciones a los derechos humanos. “El pueblo es el que debe de decidir”.