Ante vinculación a proceso, a Guajardo le huele a persecución política

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2021.- El ex secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y actual diputado federal electo, Ildefonso Guajardo, señaló que esta vinculación a proceso en su contra “huele mucho a persecución política”, sin embargo, confía en la imparcialidad del juez.

“Yo quisiera no acusar de nada, pero sí me huele mucho a persecución política, voy a ser diputado del grupo de la alianza opositora y pues no puedo dejar de pensar en que hay tintes políticos detrás de esto, no puedo descartarlo por la manera en que hicieron las cosas”, sostuvo.

En entrevista radiofónica en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, el ex funcionario federal explicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada entonces por Irma Eréndira Sandoval, inició en 2019 un análisis de evolución patrimonial a los secretarios responsables en el Consejo de Administración de Pemex por el tema de la compra de Agronitrogenados.

Detalló que en diciembre de ese mismo año fue notificado sobre el análisis de cinco años que hicieron a su patrimonio, tanto en los registros públicos de la propiedad como bancos nacionales y extranjeros, encontrando las cinco observaciones, mismas que él había señalado en sus respectivas declaraciones patrimoniales y las había comprobado.

Estás observaciones se referían a depósito de cheques por más de 700 mil pesos, los cuales, comprobó, que se trataba del pago hecho por su hermano Julio Guajardo, por un préstamo que le hizo años atrás por 800 mil pesos; la segunda, era una transferencia en 2015 por 400 mil pesos, dinero que le fue pagado por un amigo al que le prestó en 2010.

La tercera observación se trató de depósitos en efectivo por 50 y 100 mil pesos por la venta, en diferente tiempo, de dos automóviles de su propiedad que fueron vendidos un tianguis automotriz, ambas observaciones, señaló el funcionario, fueron registrados y comprobados debidamente con la documentación requerida.

La quinta fue sobre un cuadro que compró a un pintor oaxaqueño en 2010, fecha en que lo pagó, sin embargo, lo recibió hasta 2015, que fue cuando lo reportó en su declaración patrimonial, “el dinero lo pagué en el 2010 y mostré los recibos y el certificado del autor y todo”.

Guajardo indicó que, a pesar de todo ello, la SFP señaló una serie de supuestas faltas en los cheques que presentó para demostrar la legalidad de sus recursos, como que no estaban firmados por el funcionario de Bancomer que los debía certificar, entre otras cosas, por lo que decidió mandar el asunto a la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que, aunque la SFP señaló en la notificación que en 2016, 17 y 18 había congruencia entre sus ingresos y egresos y la Fiscalía recibió así las carpetas, y trabajó con él desde inicios de este 2021 dándole la razón en cuatro de las cinco observaciones, al final hacen su propio análisis y desconocen lo dicho por la propia Función Pública.

“Pero sin agua va, ellos hacen su propio análisis y resulta que lo que había hecho la SFP, que había congruencia, ellos encontraron no congruencia”, y agregó que ahora hablan también de una transferencia de 300 mil dólares que en realidad se trata de una compensación de derechos de herencia por una casa que era de su madre.

Dijo que le notificaron el lunes y la audiencia fue el pasado miércoles, por lo que era imposible reunir toda la documentación certificada de bancos en menos de cinco días, por lo que, al no presentar las pruebas, el juez debía hacer la vinculación a proceso.

Sin embargo, se dijo tranquilo del juez que lleva su caso, pues aseguró que confía en su imparcialidad, lo anterior luego de que negara al representante de la Fiscalía, otorgar como medida cautelar, prohibirle la toma la protesta como diputado federal el próximo 29 de agosto, lo cual, dijo, no puede hacer al tratarse de un poder distinto.

Refirió que con esta vinculación a proceso y como medias cautelares, deberá firmar cada mes en las oficinas correspondientes y no podrá salir del país.

“El juez correctamente me vincula, pero eso me da tranquilidad porque me va a dar cuatro meses para poder fortalecer los argumentos y poderme defender de lo que injustamente me está acusando la Fiscalía.

“(…) Más allá de diputado o no, para mí lo más importante es mi prestigio público, yo voy a estar al frente de mi defensa para demostrar que no he cometido ninguna irregularidad y que he sido la misma persona en 40 años, defendiendo mi nombre y los prestigio”, advirtió.