Falta de voluntad presidencial supera pacto de impunidad: J. Jesús Lemus

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto de 2021.- La administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la voluntad para enjuiciar a los expresidentes y en particular a Enrique Peña Nieto, más que un pacto de impunidad entre la actual y la anterior administración federal lo que persiste es una falta de decisión, asevera el escritor y periodista J. Jesús Lemus. 

Autor de nueve libros sobre narcotráfico, inseguridad y corrupción oficial, Lemus recientemente lanzó Jaque mate a Peña Nieto y su imperio de corrupción, título que se encuentra entre los primeros lugares de ventas. 

En entrevista con Quadratín México, el periodista sostiene que la Fiscalía General de la República al exonerar al ex secretario Nacional de la Defensa, Salvador Cienfuegos y al tratar complacientemente el proceso judicial contra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, se puede presumir que no existe una determinación de hacer justicia  desde en el órgano encargado de integrar las carpetas de investigación como en el Gobierno federal. 

-Haciendo un balance de cómo estaba la corrupción antes de la llegada del presidente López Obrador y como está ahora ¿Cuál es el resultado?

-Yo creo que no hemos avanzado demasiado, el adelanto está en que tenemos un Presidente honesto, así lo creo de manera muy firme, quien no está en la necesidad de robar y que se encuentra preocupado por acabar la corrupción. 

Sin embargo, no es la misma dinámica que se mantiene en muchos de sus colaboradores y  Secretarios de Estado. Por ejemplo, sigue intacta esa gran mafia de poder que son los burócratas que llegaron desde Vicente Fox y se mantuvieron con Felipe Calderón y permanecen en activo en muchas dependencias, por eso en cuanto al tema de corrupción no hemos avanzado gran cosa en ese sector.

Tenemos un Presidente honesto, pero todavía tenemos Secretarios de Estado y gente que no ha podido desde la Secretaría de la Función Pública esclarecer cómo Manuel Bartlett se hizo de tantas casas y de su imperio inmobiliario. También hay subsecretarios de Estado, Jefes de Departamento y de Área que aún siguen operando como lo hicieron en el pasado, haciendo uso del poder público para beneficio personal. 

No hemos visto trasladar las acusaciones de corrupción en acciones judiciales porque a pesar que hay muchos elementos, para juzgar no solo a funcionarios federales sino a los estatales,  pues pareciera que eso no le interesara al Gobierno federal.

¿Consideras que hay evidencias para procesar al ex presidente Enrique Peña Nieto?

-Por supuesto a eso va el libro de Jaque a Peña Nieto porque ahí aporto elementos que cualquier agente del Ministerio Público con dos dedos de frente puede darle seguimiento y encauzarlos en una investigación judicial, obviamente ellos pueden encontrar muchos más elementos que los que yo encontré. 

Yo platiqué con muchos miembros del crimen organizado, que están actualmente en activo que ocupan posiciones directivas en algunos cárteles de la droga y ellos hablan de mucha claridad de cómo fue la relación con el General que estuvo al mando de la Sedena. 

Existen expedientes de la Auditoría Superior de la Federación de cómo fue el robo de dinero oficial por medio de obras fantasmas, que no se ejecutaron o que se pagaron a sobrecosto, o en donde se emplearon materiales de baja calidad.

Tenemos una serie de datos tanto documentales como testimoniales que pueden servir de base para que la Fiscalía General de la República establezca el principio de responsabilidad al ex presidente de la República y a su grupo de colaboradores.

¿Qué lograste documentar?

Principalmente lo que encuentro en esta investigación, es que la corrupción de la que se ha hablado hasta ahora en los medios de comunicación, es nada comparada con la que se puede documentar, nos ha dicho que hay tres aspectos fundamentales en los que se versa la corrupción de Enrique Peña, el primero es el desvío de dinero del erario,  el segundo es el saqueo nacional para la entrega de recursos energéticos  como agua, bosques, petróleo, gas y minerales, esa entrega de recursos que se hizo a empresas transnacionales es un saqueo, y el tercer aspecto es la relación que mantuvo la administración de Enrique Peña Nieto con grupos del narcotráfico.

El Gobierno de Peña Nieto está en la mira por haber hecho un dispendio y haber saqueado las arcas de la Hacienda nacional por un monto que podría alcanzar entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, pero lo que documento en el libro es mucho más, pues hablamos de por lo menos 100 mil millones de pesos. 

Es decir que actualmente conocemos menos del 10 por ciento, de ese robo y que es la tarea fundamental de la Cuarta Transformación y de la Fiscalía General de la República, pues ahondar mucho más en donde pudieron haber quedado esos 93 mil millones de pesos, que sabemos fueron retirados de la Hacienda Pública y no sabemos a dónde fueron a dar.  Ni qué funcionarios se beneficiaron. 

La segunda arista es el saqueo de los recursos naturales que fueron entregados a empresas trasnacionales por medio de la Reforma energética, entonces encuentro que lo que entrega de pozos petroleros, minas, ríos lagos y represas para la generación de la electricidad y la obtención de petróleo y gas y minerales les entregó y enajenó una superficie de casi una tercer parte del territorio mexicano, que es el equivalente a la superficie que ocupan los estados de Chihuahua, Jalisco, Durango y Nayarit. 

La tercera vertiente con relación al narco es que encuentro que el Gobierno de Peña Nieto heredó el halo de corrupción que ya traía García Luna, con el Gobierno de Felipe Calderón lo heredó el General Cienfuegos para seguir  con esas relaciones narco estado. 

¿No está fuera de tiempo un libro sobre Peña Nieto considerando que ya pasaron casi tres años desde que dejó la Presidencia?

-No se agota el tema de la corrupción, al contrario creo que la aportación de este libro, creo que se finca en la exposición de nuevos datos, que avivan la necesidad de seguir investigando el tema tan solo por los saqueos de la Hacienda Nacional.

Falta por esclarecer dónde están 93 mil millones de pesos que hasta ahora no se sabe dónde están y en los que estuvieron involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel que están operando en la actual administración.