Escenario político
Es más peligroso ser científico que narco
En México es más peligroso ser científico del Conacyt que narcotraficante. Para estos últimos, la proclama oficial son los “abrazos y no balazos”, mientras que para los primeros se desataron presiones para dejarlos sin empleo o, en el peor de los casos, encarcelarlos en el Penal de Alta Seguridad de Almoloya, así de inconcebible.
Al interior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los investigadores y científicos se encuentran en una incertidumbre que no habían conocido en años pasados, desde que fueron notificados de que pueden perder su empleo en el Conacyt, si no son capaces de encontrar otro trabajo, porque la institución se convirtió en un ente financieramente inestable, pero, muchos más pueden ser encarcelados acusados nada menos que de delincuencia organizada. Peor imposible.
No hablamos de un país, en donde gobierne una dictadura, sino que México, como nación “democrática”, debía incrementar de manera importante sus acciones en materia de ciencia y tecnología para revertir el estancamiento económico en que se encuentra, agravado por la pandemia sanitaria.
Los golpes en contra de la estructura del Conacyt han sido varios. Uno de ellos fue el recién creado Estatuto de Personal Académico, por medio del cual se pide a profesores e investigadores buscar trabajo para conservar su empleo en el Consejo. Inconcebible.
Ante tal perspectiva, la desazón surgió en la vida del personal súper preparado del Conacyt y, a manera de denuncia, en las redes sociales circuló el hashtag #BuscoTrabajo. Inconcebible.
Para la especialista Carolina Robledo, la incertidumbre fue creciendo. En su cuenta de Twitter se leyó: “#BuscoTrabajo Soy doctora en Ciencias Sociales y me especializó en antropología de las violencias y de la justicia, metodologías y epistemologías feministas y colaborativas. Actualmente soy Catedrática Conacyt y para conservar mi trabajo tengo que buscar trabajo”.
Una lectura similar se leyó en la red social de Yuri Vladimir Albores. “#BuscoTrabajo Doctor en Ecología y Biología Evolutiva. SNI 1. Especialista en ecología y conservación de aves marinas. Actualmente miembro del programa Cátedras Conacyt, que nos obliga a buscar trabajo para mantener nuestro trabajo”. Inconcebible.
Por otra parte, a la comunidad científica no le queda duda: la Fiscalía General de la República, apoyada por el Gobierno de México mantiene una persecución política en contra de científicos del Conacyt, pero la gran preocupación es hasta que punto la estrategia está armada desde el Palacio Nacional o se trata de una vendetta de Alejandro Gertz Manero.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta la ciencia y la tecnología. En ninguno de los presupuestos enviados por su gobierno, se ha destinado un monto importante de recursos para estos rubros.
Desde el inicio de su administración puso en la mira a esas áreas, al señalar que durante años se destinaron presupuestos elevados en ciencia y tecnología para favorecer al sector privado y no a las instituciones públicas, situación que provocó incluso que México no avanzara en esas materias.
Este panorama fue desmentido por varias instituciones, entre las cuales destaca la organización ProCienciaMx, que con pruebas confirmó que la producción científica de México se incrementó, a tal grado que nuestro país es el segundo con la mayor evolución de producción científica en la región y es el número 28 a nivel mundial.
Sin embargo, la política presidencial no variará y para el 2022 se espera un recorte de 11 por ciento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que comprometerá aún más la situación de la entidad encargada de las políticas públicas en esos rubros.
El golpe más reciente es la tercera acusación presentada por la FGR este jueves, en contra de 31 científicos del Conacyt por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, después de que un juez descartara dos demandas anteriores. Se les acusa de transferir ilegalmente, entre 2022 y 2018, más de 280 millones de pesos a una “empresa privada”, el Foro Constructivo Científico y Tecnológico.
El poder judicial desechó la primera demanda, presentada el 25 de agosto pasado, porque encontró inconsistencias importantes, como las siguientes: los jueces de Almoloya, Estado de México (en donde la FGR promovió la demanda), no son competentes, por tratarse de un caso de la Ciudad de México; la parte acusatoria no mostró pruebas contundentes, ni precisó los hechos; tampoco se acreditó la “alta peligrosidad” de investigadores, científicos y ex funcionarios del Consejo.
En la demanda de la FGR hay una cadena de mentiras o medias verdades, lo que debe propiciar que esta tercera denuncia de la Fiscalía sea nuevamente invalidada por los jueces y que se pueden resumir de la siguiente manera:
1. Desde 2002; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene naturaleza de asociación civil, por lo cual es una mentira que sea una empresa privada.
2. Es absurdo señalar que los científicos formaran una agrupación criminal, porque el Foro está constituido de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, o sea, a los científicos se les quiere encarcelar por cumplir la legislación.
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los fondos recibidos por el Foro, entre 2002 y 2019, tenían sustento en la legislación vigente en ese periodo y sigue contemplando su legalidad.
4. La ley señala claramente que es el Conacyt la institución que tiene que aportar los recursos para que el Foro funcione, por lo cual es absurdo afirmar que los recursos son de procedencia ilícita.
Para legisladores y personalidades como el rector de la UNAM, Enrique Graue, o la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, (científica ella misma), las denuncias presentadas en contra de 31 catedráticos, investigadores o ex funcionarios del Conacyt son inconcebibles y excesivas.
La actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, no pudo evitar hablar ayer con periodistas sobre el tema, pero, evasiva, dijo desconocer de donde había salido la denuncia en contra de los científicos, que fue presentada por Rosenda Cruz, la apoderada legal del Consejo. Inconcebible.
¿Cuáles son los resortes políticos y jurídicos que están atrás de la atrocidad cometida en el Conacyt?
¿Es acaso un caso armado por el fiscal Alejandro Gertz Manero, por una vendetta personal, en contra de la institución por haber sido rechazado anteriormente como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, como se especula en corrillos políticos?
¿Es parte de una estrategia definida por el Gobierno de México para quitar más recursos a la institución y golpear directamente a los catedráticos de un organismo autónomo, considerado como crítico?
Sin duda, el poder judicial deberá resolver este caso de manera adecuada, conforme a derecho y sin presiones políticas. Eso es lo deseable. En tanto, la entidad encargada de promover la ciencia y la tecnología en el país se encuentra gravemente afectada. Inconcebible.