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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de diciembre de 2021.- Luis Gerardo Quijano considera que ser originario de Magdalena Contreras le da una ventaja para gobernar la alcaldía sureña, pues asevera que conoce las demandas de sus vecinos y los rezagos que tiene la demarcación que administra desde el pasado 1 de octubre.
«Conocemos muy bien la alcaldía, aquí hemos vivido prácticamente toda la vida, hemos estado haciendo política muchos años, hemos recorrido las calles. La ventaja que tiene este Gobierno es que nuestros funcionarios son de aquí, ha vivido alguna problemática durante muchos años», refirió.
Para el 2022, la alcaldía destinará 20 millones de pesos para sustituir la red secundaria de agua potable, la cual acumula 40 años de uso y debido al desgaste y empleo de materiales en desuso, como el asbesto, presenta fugas en 30 por ciento.
La adecuación de ductos y tuberías beneficiará a 25 colonias que históricamente han padecido desabasto de agua potable. Las obras que ejecutará la alcaldía serán reforzadas por el saneamiento que realiza el Gobierno de la Ciudad de México del Río Magdalena.
De acuerdo con el censo de población del INEGI del 2020, Magdalena Contreras cuenta con 247 mil habitantes y se ubica como la tercera alcaldía con el menor número de residentes en la Ciudad de México, por debajo de Milpa Alta y Cuajimalpa.
También de acuerdo a cifras del Gobierno de la Ciudad de México es la tercera demarcación más segura de la capital del país, sin embargo, el alcalde reconoce que la capacidad de respuesta policial frente eventos de inseguridad se ve acotada por la falta de agentes y de patrullas.
Este 2022, la alcaldía arrendará 40 patrullas, entre automóviles y motocicletas, y contratará un centenar adicional de policías preventivos para reforzar la vigilancia en las calles de la alcaldía.
El Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a que en febrero del 2022 nuevamente estaría funcionando el módulo policial ubicado en Periférico Sur y Luis Cabrera, a un costado de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual es estratégico para atender los llamados de auxilio de la parte baja de la alcaldía y zona colindante con Álvaro Obregón.
En Magdalena Contreras se espera un despliegue de 240 efectivos de la Guardia Nacional que realizarán funciones de patrullaje y presencia en puntos conflictivos.
Luis Gerardo Quijano descarta que alguna instalación deportiva o cancha de la alcaldía sea empleada para la instalación de un cuartel o base de operaciones de la Guardia Nacional, puesto que el Gobierno Central cuenta con predios que eventualmente podrían ser habilitados para que sean ocupados por corporación policial federal.
«A nivel Ciudad de México, la incidencia delictiva de Magdalena Contreras no se compara con Iztapalapa y Gustavo A. Madero, porque éstas encabezan la lista de delitos que se comenten.
“Pareciera que Magdalena Contreras no requeriría reforzar su vigilancia, porque el número de delitos que se comente es bajo. Simplemente, el tema de porcentajes es lo que distorsiona la realidad, aquí debemos de analizar delito por delito porque para nosotros, por ser de las tres alcaldías, es importante analizar las causas, ver que los delitos entre sí están o no vinculados.
“Cuando tienes dos robos a casa habitación en un mes y al siguiente tienes cuatro, pues es un incremento del 100 por ciento, pero al comparar esta cifra con otras alcaldías que reportan más de 40 hurtos, parece que no es nada. Sin embargo, para los habitantes de Magdalena Contreras, la prioridad es la seguridad y por eso desde la alcaldía vamos a enfocar mucho presupuesto para reforzar la vigilancia”, asevera el Alcalde.
Para el 2022, el presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para la alcaldía es de un mil 706 millones de pesos, sin embargo, Luis Gerardo Quijano advierte que se trata un recurso insuficiente, porque en términos reales no se recibió ningún incremento en comparación con 2021, si se considera que el aumento fue de 7 por ciento, el mismo porcentaje que tuvo la inflación este año.
-Solicitaste 400 millones de pesos de ampliación, pero no se aprobaron ¿Los recursos que ejercerá la alcaldía serán suficientes?
-Solamente tuvimos un incremento del siete por ciento, que son casi 100 millones de pesos, pero esto fue general para todas las alcaldías. Para nosotros es insuficiente, porque somos el Gobierno de primer contacto, porque atendemos a los vecinos, reparamos la luminaria, poda de árboles, bacheo y aunque no se trate de una obligación de este orden de Gobierno, estamos atendiendo la seguridad pública.
También debe tomarse en cuenta que tenemos que impulsar la reactivación económica. Nos hubiera gustado contar con al menos la mitad de los 400 millones de pesos que solicitamos de manera adicional, para mejorar la seguridad, los servicios urbanos e invertir más en el tema del agua, pues consideramos que sustituir toda la red secundaria de suministro requiere de más de mil millones de pesos, que comparados con los 20 millones que le vamos meter el año entrante, parece una gotita.
Debemos orientar muy bien el gasto, no solo basarnos en una política de austeridad sino invertir bien evitando desperdicios de recursos, como es la contratación de telefonía celular y todos aquellos rubros que no mejoren la calidad de vida de los habitantes.
Para subsanar juicios laborales se requieren 45 mmdp
La alcaldía enfrenta 250 juicios laborales, de los cuales 150 casos ya tienen un laudo en el cual se reconoce algún adeudo con ex trabajadores de lo que anteriormente eran las oficinas delegacionales, en conjunto se trata de 45 millones de pesos que la autoridad en la materia mandata cubrir, sobre todo en aquellos juicios en los que se ha dilatado un acuerdo por más de 20 años.
La alcaldía también adeuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siete millones de pesos y 20 millones de pesos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y hasta la fecha suman alrededor de 600 observaciones a las actas de entrega recepción de ex funcionarios de la administración pasada, encabezada por la morenista Patricia Ortiz, quienes cuentan con un periodo para subsanar las inconsistencias y evitar responsabilidades administrativas.