Escenario político/Daniel Adame Osorio

En torno tanto a los modelos de sistemas electorales, como con la democracia y la libertad de expresión es imprescindible, en el proceso de consolidación democrática, recurrir a la obra de Hugo San Martín para advertir que existen otras variables para considerar a los organismos electorales no sólo eficientes, sino verdaderamente independientes y comprometidos con la democracia.

Nos referimos al nombramiento y remoción de los integrantes del órgano electoral, generalmente integrados por organismos colegiados, en algunos casos sus miembros son de origen exclusivamente judicial; en otros son designados por el Congreso; en otras el Ejecutivo comparte la designación con el Legislativo o con el Judicial; también se da el caso, excepcional, de que la designación de sus miembros tenga origen en los tres poderes del Estado o que en su integración tengan injerencia, en diverso grado, los partidos políticos.

El problema de la influencia de los actores políticos que conforman esos poderes, considera San Martín, puede ser atemperado o acentuado por tres factores: la coincidencia o no de los períodos de ejercicio con los del Ejecutivo y del Legislativo, la existencia o ausencia de restricciones referentes a la actividad política de los candidatos a integrar el organismo electoral; y el establecimiento de los organismos en los cuales reside la facultad de remover a los mismos integrantes de estos organismos electorales supremos.

Insistimos, como afirma San Martín, esto puede atemperarse o acentuarse.
No obstante, de fondo existe otro problema no menos grave: son los legisladores, emanados y pertenecientes a los partidos, en sus congresos o parlamentos, los que tienen a su cargo generar la legislación que sirve como marco para regular tanto a los órganos electorales como los procesos comiciales, y eventualmente establecen condiciones favorables para la fuerza política a la que representan, lo cual también debe ser atemperado
De lo contrario se corre el riesgo de que la autoridad electoral, por sus integrantes y sus marcadas tendencias ideológicas, rompan la obligada imparcialidad y autonomía indispensables en su proceder y en sus decisiones, perdiéndose la confianza tanto de los competidores en la contienda electoral como en la sociedad en torno a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano electoral. 

Deberíamos tomar nota de esos factores ahora que México atraviesa un proceso político y no ciudadano de consulta (revocación de mandato) y, también, debemos referirnos a la democracia como esa forma de Estado y de gobierno en que las autoridades debieran proteger la vida, seguridad y propiedad de los miembros de la sociedad y sin embargo, el teatro del absurdo lo protagoniza cada mañana el jefe de Estado para encabezar el linchamiento a sus críticos, lo que rompió al personaje que el presidente creó al inicio de su vida pública, cercano a una política de masas que lo condujo al liderato opositor del país. 

Hoy, su administración se ha despintado al ignorar el espíritu superior de una sociedad democrática que escucha, respeta y considera en alto valor la crítica, la libertad de expresión y la libertad de prensa que, deben defenderse no por los bienes que generan, sino por los males que gracias a su desempeño contribuyen a impedir, como sugirió hace mucho tiempo Tocqueville en la democracia en América. 

@Danieldao1 
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