Afecta banco de niebla operaciones en AICM
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo de 2022.- De septiembre de 2020 a diciembre de 2021, se registran seis investigaciones abiertas por los sucesos ocurridos en la frontera sur de México, donde se violentaron a miles de migrantes con uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional (GN).
En noviembre del año pasado, elementos de la Guardia y autoridades de Migración se enfrentaron con la caravana de migrantes centroamericanos en una carretera del poblado de Pijijiapan, en Chiapas, siendo uno de los episodios más violento contra las personas que huyen de la situación de sus países de origen.
De acuerdo al oficio por el que se da respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por el Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Tercer Informe de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) destacó que el Instituto Nacional de Migración (INM) reprueba públicamente todo acto que vulnere los derechos humanos y la dignidad de las personas en condición de tránsito por el territorio nacional.
A casi cuatro meses de haberse enviado las preguntas parlamentarias del Senado de la República al Ejecutivo federal, la SSPC aseguró que el compromiso del INM es con una migración segura, ordenada y regular, en colaboración con diversos actores de la sociedad que buscan brindar auxilio a las personas migrantes en contexto de movilidad, bajo esquemas que permitan la salvaguardas de los derechos con especial atención a quienes formen parte de grupos vulnerables.
El documento reza que el 16 de abril el Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) signaron un Convenio marco de Colaboración, para que ésta brinde capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos de este órgano desconcentrado.
Lo anterior, con el propósito de refrendar lazos de cooperación y comunicación, encaminar esfuerzo en favor de las personas en contexto de migración y como una estrategia para fomentar una cultura en la materia, para prevenir acciones que resulten violatorias hacia las personas migrantes.
En los casos en los que se ha detectado la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, o alguna irregularidad de los mismos, el INM asegura que ha separado a los servidores públicos de su cargo, además de proceder a dar vista al Órgano Interno de Control y, si corresponde, se realiza las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).