Visión Financiera/Georgina Howard

Grupo ARHE y su inmunidad

Cuando en 2014, los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández pusieron sobre la mesa una oferta para comprar los Venados de Mazatlán, era poca la información que se tenía de este par que, a pesar de no haberse hecho de una de las franquicias más importantes del béisbol mexicano, más tarde serían señalados por el gobierno federal como uno de los binomios factureros más importantes del país.  

Durante una de sus mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Juan José Arellano, dueño de Grupo ARHE, estaba vinculado dentro de una presunta red de triangulación de recursos junto con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón y actualmente preso en los Estados Unidos.  

Incluso, la UIF, en tiempos de Enrique Peña Nieto, bloqueó cuentas de personas físicas y morales vinculadas a ARHE, sin embargo, fue en los tiempos de Orlando Suárez López cuando se le desbloquearon las cuentas a los hermanos, en un movimiento conocido como Operación Hermes, donde en total fueron desbloqueadas 722 cuentas ligadas, algunas de ellas, al Cártel de Sinaloa.

No obstante, actualmente estos empresarios lideran proyectos como las expansiones de la franquicia de Grupo Alamo, el exclusivo hotel boutique en la zona de Cerritos, la Torre M en Mazatlán, la Torre M en Culiacán y Torre Bucks en Mazatlán, cuya inversión supera los 6 mil millones de pesos. Sin mencionar que en la Torre Stelarhe han inyectado capital por más de 86 millones de dólares.

En una investigación, la ONG 5to Elemento contabilizó más de 100 empresas de diferentes giros creadas por este par de personajes desde el sexenio calderonista al actual, que van desde corporativos, hoteles, escuelas, inmobiliarias, constructoras, cadenas de gasolineras y negocios de rentas de autos. Todas a plena vista del gobierno de la 4T.  

No se explica cómo es que este par de empresarios mazatlecos continúa operando con total libertad, siendo que varias de sus razones sociales se encuentran en la “lista negra” del SAT, de Raquel Buenrostro, por ser compañías que no tienen infraestructura real, ni personal, ni activos, pero que simulan actividades comerciales mediante facturas falsas.

Y es que actualmente las empresas de los hermanos Arellano han ganado licitaciones millonarias y hecho múltiples inversiones en el gobierno de Mazatlán e incluso participaron en la licitación del tramo 3 del Tren Maya por un monto de 10 mil 192 millones de pesos, a través de Grupo ARHE-Corporativo de Servicios en Construcción (Coseco).

Todo ello, insistimos, a plena vista de las autoridades del gobierno federal que se ha cansado de emitir el famoso mensaje anticorrupción y de erradicar a aquellos empresarios cuya fortuna haya sido amasada debido a los vínculos que mantienen con el poder. Nada más contradictorio.

*** Certificación en seguridad de la información

Nuestro país es uno de los principales exportadores del mundo al ocupar la posición número 11, tan sólo el año pasado las exportaciones rebasaron los 494 mil millones de dólares, al respecto, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside Luis Ernesto Rodríguez, obtuvo la certificación ISO/IEC 27001 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por parte del organismo NYCE, que dirige, Carlos Pérez.  

Con esta certificación la CAAAREM conformada por 38 Asociaciones de Agentes Aduanales y con presencia en todo el territorio nacional, cuenta con los protocolos de seguridad para cumplir con sus labores; y es que, también tiene participación en la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana (ASAPRA) y en la Federación Internacional de Agentes Aduanales (IFCBA).

Dicho estándar internacional permite entre otros, implementar procesos que ayudan a proteger la información, mediante mecanismos de reacción rápida para la atención de incidentes y eventos de seguridad a través de controles físicos, administrativos y técnicos enfocados al control de acceso, personal interno y externo, hardware, software, operacionales y de comunicación.

*** Participará incumplidora 

No obstante, a que acumula multas por más de 192 millones de pesos por diversos incumplimientos, la firma Arrendomóvil de México, de Juan Antonio Hernández, es de las principales empresas apuntadas en la convocatoria que la CFE, de Manuel Bartlett, lanzó hace unos días para la contratación del servicio de arrendamiento vehicular para los ejercicios 2022-2025.   

Hablamos de la renta de entre 7 mil 323 vehículos y 14 mil 646 unidades para las operaciones esenciales de la empresa productiva del estado y en la que los interesados deberán presentar propuestas el próximo 5 de mayo.  

En el sector afirman que el concurso es una simulación para extenderle el contrato a la empresa filial del Grupo Autofin, ya que en el informe de resultados (475-DE), de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, se determinó que la CFE omitió hacer algunas actas de recepción de los vehículos y otro tipo de inconsistencias, por lo que existe la sospecha de que hay contubernio entre la empresa productiva del Estado y la empresa incumplidora.  

Arrendamovil fue la ganadora de la partida de una flota de 9,856 en diciembre de 2019, sin embargo, se la pasó solicitando prórrogas, que fueron desde afectaciones por la pandemia, hasta falta de placas o tarjetas de circulación. Lo anterior provocó un desastre en la CFE, por lo que no se explica cómo siquiera dejan concursar a una empresa que demostrado más que incompetencia.  

*** ¿Omisiones en el IMSS? 

TOME NOTA *** Aunque el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, goza de la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo indica que personal del instituto ha desatendido denuncias que implican abusos contra miles de trabajadores, evasiones de cuotas obrero patronales, así como el cambio de nombre de una razón social a otra para perpetuar las malas prácticas, aun con la llegada de la autoproclamada Cuarta Transformación.  

Tal como relata la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) desde 2019 comenzaron las peticiones para poner bajo la lupa a empresas como Gerlim y Grupo Relissa Servicios Corporativos, que dejarían a gran parte de su plantilla sin seguridad social, sin importar que una pandemia de clase mundial persista en desarrollo, pues de acuerdo con los afanadores sus derechos persisten pisoteados ahora bajo el nombre de Aseo Privado Institucional.  

Todas las compañías son ubicadas en el sector por relacionarse con José Juan Reyes Domínguez, por lo cual la organización puso especial énfasis en la falta de atención brindada por la directora General de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda, así como las reiteradas ocasiones en que el “empresario” presume de la protección que supuestamente le otorga el encargado de la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la delegación Norte del IMSS en la CDMX, Anuar Estefan Garfias. 

No pase desapercibido que los cálculos de la Unión apuntan a que Aseo Privado tiene contratos en los que ha comprometido a 6 mil colaboradores, pero en el IMSS apenas lucen inscritos el 50%.