Escenario político
Tras el Tren Maya, la depredación
La construcción del Tren Maya es una realidad, pero sólo es el principio del fin para la selva del Sureste de México. Detrás de esa obra vendrá la depredación total.
Las voces de las agrupaciones en defensa del ambiente lo advierten: la falta de planeación y velocidad con la que se lleva a cabo la obra, abre la puerta a una detonación desmedida de desarrollo urbano y especulación inmobiliaria.
Este tipo de crecimiento acelerado, a final de cuentas tendrá como resultante poblaciones marginadas carentes de infraestructura pública y con altos niveles de delincuencia, todo lo contrario de lo que pretende impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador con su proyecto.
Dentro de las múltiples denuncias presentadas por los ecologistas y las agrupaciones en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, destaca una campaña para tratar de frenar la obra en la plataforma Change.org.
Los defensores del ambiente destacan que estar en contra del tren no es “oponerse al progreso” de las comunidades históricamente abandonadas, como pretende el Jefe del Ejecutivo.
Estar en contra del proyecto Tren Maya es estar en contra del abuso de poder, la corrupción y la impunidad. Es luchar por un desarrollo sostenible, por el respeto a los pueblos originarios, a la legalidad, por la protección del agua y los ecosistemas de los que dependemos.
Lo peor de todo es que el Tren Maya se levanta montado sobre la impunidad de un presidente de la República que pisotea la ley para imponer este capricho personal a toda costa.
Sin los estudios ni permisos correspondientes, en uso de suelo forestal, cada día que pasa se talan cientos de árboles en completa ilegalidad, fraccionando desmedidamente la segunda selva más importante de América, después del Amazonas, mientras se pone en riesgo inminente al gran acuífero maya.
Para el Tramo 6 se planea eliminar mil 453 hectáreas de selva virgen. Este mega-proyecto de mil 460 kilómetros de longitud se ha convertido en un monumento a la impunidad y al abuso de poder que se vive en México.
Además de los daños irreversibles al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y la corrupción son el principal cimiento de una obra millonaria que se vende como “progreso y desarrollo”, pero que no sabemos si nos va a costar más de lo que va a generar.
Con un presupuesto inicial de 120 mil millones de pesos, para agosto de 2022 ese proyecto aumentó a 299 mil 367 millones de pesos, con lo cual se convirtió en uno de los proyectos más costosos en la historia del país.
Quienes están en contra del Tren Maya no respaldan la ilegalidad en qué se efectúa la obra, que se realiza a pesar de todas las suspensiones dictadas por un juez en Yucatán, en la cual además participan empresas previamente involucradas en actos de corrupción y proyectos que han causado daños masivos en nuestro país, como Grupo Carlos, encargado de la construcción de la línea 12 del Metro que colapsó
Los ecologistas denuncian que habitantes de las comunidades mayas son objeto de múltiples abusos, desde hacerlos firmar documentos que no coinciden con lo pactado originalmente, hasta ser desplazados de sus tierras con promesas falsas y negarles información sustancial del proyecto.
Se sigue vendiendo un concepto de inclusión por medio de una “consulta” que debió ser culturalmente adecuada y que viola los siguientes tratados y acuerdos que incluso la ONU ha señalado:
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos.
Por si fuera poco, en medio de una crisis de agua en varios estados de nuestro país, el gobierno prioriza la construcción de una obra que pone en riesgo la principal fuente de agua para el sureste de México: el gran acuífero maya.
El sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, debajo de un suelo kárstico que fácilmente se desmorona, no sólo se caracteriza por su fragilidad sino también por la carencia de filtración, esto quiere decir que cualquier sustancia que se derrame en la superficie pasa directamente al manto acuífero, significando un riesgo inminente de contaminación.
Es inconcebible que en la segunda selva más importante de América, un ecosistema único que aloja especies en peligro de extinción como el jaguar y el grisón, endémicas como la dama blanca (pez ciego de cenotes) y una gran cantidad de especies de flora y fauna protegidas, se haya iniciado un proyecto de esta magnitud:
Sin los permisos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
Sin una Manifestación de Impacto Ambiental,
Sin Principio Precautorio (plan de acción en caso de afectaciones ambientales),
Sobre uso de suelo forestal, hasta el 26 de septiembre del 2022.
Hasta ahora no se han presentado proyecciones sobre los impactos y el crecimiento de las comunidades por las que va pasar el tren.
Es urgente hacernos preguntas como ¿Qué va a suceder cuando más personas migren a estas comunidades en busca de trabajo? ¿dónde van a vivir? ¿podrán estudiar? ¿recibir atención médica? ¿Cuál va a ser el impacto cultural para el pueblo maya? ¿Cómo vamos a prevenir el crecimiento desproporcionado, los asentamientos irregulares, problemas de basura y desigualdades sociales que históricamente acompañan el progreso acelerado en este esquema de desarrollo de polo turístico?
Entre procesos irregulares, violaciones de derechos humanos, empresas corruptas, falta de planeación bajo la falsa promesa de “movilidad sustentable”; el Tren Maya atenta contra los mexicanos de múltiples formas, utilizando como principal recurso la división entre quienes habitamos este país.
Aún estamos a tiempo de detener daños irreversibles en el Sureste, pero estamos muy cerca de que sea demasiado tarde. Eso no lo ve López Obrador o poco le importa.