Revira Fernández Noroña ante amago de Trump sobre aranceles
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de octubre de 2022.- Son 49 senadores de diversos partidos políticos los que interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022.
El todavía existente bloque de contención considera que la reforma que incorpora los elementos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no a un mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, es contrario a lo establecido en el artículo 21 constitucional.
En conferencia de prensa, los panistas detallaron que en el escrito se establece además que dichas reformas desplazan a los miembros de la policía civil para que únicamente sea integrada por militares, habilita a la Guardia Nacional para desplegarse en todo el territorio nacional pasando por alto las cláusulas de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Los senadores firmantes hacen un llamado respetuoso, pero firme, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan con celeridad esta Acción de Inconstitucionalidad.
Los priistas arguyeron que vuelve regla general el régimen extraordinario de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, al establecer que el titular de la Sedena actuará como mando de la Guardia Nacional.
Ello contraviene el régimen transitorio del decreto de creación de la Guardia Nacional de 2019, pues en lugar de contribuir al regreso gradual de las Fuerzas Armadas a los cuarteles; su permanencia en las calles se mantiene a través de su adscripción a la Sedena.
Los de Movimiento Ciudadano advirtieron que llegarían hasta las últimas consecuencias para frenar este golpe a la Constitución que desvirtúa el carácter civil de la Guardia Nacional y formaliza su militarización, por ello la bancada naranja se unió a dicha acción de inconstitucionalidad bajo protesta por considerar que legisladores de distintas fracciones pretenden “lavarse la cara” por su inconsistencia en la lucha contra la militarización del país.