Alistan informe sobre posibles actos de corrupción
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre de 2022.- La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó, en sesión urgente, el inicio de un Procedimiento Especial Sancionador, por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, cometidos presuntamente por una diputada federal hacia una local, a través de publicaciones en redes sociales.
Además, se acordó la procedencia de medidas cautelares ya que, de forma preliminar se determinó que podía advertirse violencia simbólica y verbal hacia la promovente, al referirse en tono de burla y con expresiones posiblemente discriminatorias al sostenerse en aspectos físicos de la promovente, por lo que se ordenó a la diputada federal el retiro inmediato de dichas publicaciones.
Igualmente, se dictó tutela preventiva conminando a la legisladora señalada como probable responsable a abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales o páginas de internet, con comentarios, mensajes, símbolos, fotografías o imágenes que aludan a aspectos físico o sexual de la promovente de forma directa o indirecta, así como cualquier otra que de forma análoga lesione o sea susceptible de dañar la imagen, integridad o la libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo público.
Durante la sesión, la consejera Electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión de Quejas, señaló que su postura y la de este Instituto ha sido contundente en el sentido de que los comentarios, frases y expresiones asociadas al cuerpo o apariencia física de una mujer en el ámbito político ocultan estereotipos de género que buscan perpetuar las concepciones más comunes sobre las mujeres en el ámbito público.
El consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez, integrante de la Comisión, advirtió que el IECM está enfrentando nuevas formas de violencia política en razón de género, que se basan en cuestionamientos al ejercicio de los cargos públicos asociados a discursos de clasismo, discriminación y exclusión, cuya prohibición faculta a este Instituto para intervenir en la atención de las quejas.
Y el consejero Ernesto Ramos Mega, también integrante de la Comisión, propuso dar vista a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que conozca los hechos contenidos en el expediente y determine lo que en derecho corresponda.