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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2023.- El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que ninguna de las leyes que forman el llamado Plan B contraviene lo establecido en la Constitución.
Atribuyó que la narrativa política y mediática en contra de las leyes electorales que entraron en vigor este jueves proviene del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pero “es falso que se quiere vulnerar la secrecía y autonomía de la lista nominal y del padrón electoral; esa sigue siendo una atribución exclusiva del INE”.
Mier Velazco señaló que las reformas reconocen a más de 10 millones de mexicanos que viven en el exterior, tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a votar y no han renunciado a su nacionalidad, por lo cual el INE les tiene que garantizar que cuenten con una credencial de elector.
“Se está proponiendo en la reforma que sea el pasaporte, en tanto la cédula de identidad que tiene más filtros de seguridad, por las razones obvias, pero potenciadas por los requisitos que impone Estados Unidos; las normas de seguridad derivadas de lo que se conoce como la caída de las torres de septiembre 11”, detalló.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que también es mentira que disminuirán el número de vocalías distritales y locales, pues se mantendrá el mismo número, 332 en los estados, además de las que los propios organismos electorales tengan establecidas.
“Ellos decían que era inconstitucional la desaparición, no es cierto, van a permanecer absolutamente todas, lo que se modifica y eso sí se puede, porque tiene que ver con la estructura orgánica, es el número de integrantes de las vocalías”, agregó.
El poblano invitó a cualquiera de los integrantes del Consejo General del INE a San Lázaro, no para un debate político, sino para una colaboración entre instituciones de un Poder soberano expresado en la Cámara de Diputados y un organismo constitucionalmente autónomo que tiene la función clara de organizar procesos electorales y garantizar la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la equidad y la máxima publicidad a los procesos electorales, teniendo como testigos a los medios de comunicación.