Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXV…La Suprema Corte frena las reformas del plan B. AMLO enfurece. Los jesuitas piden resultados ante la ejecución de “El Chueco”.

En un ambiente de confrontación con el Poder Judicial Federal, así como con legisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, concretamente con un grupo de republicanos que han propuesto que soldados estadunidenses ingresen a territorio nacional para combatir a los narcotraficantes, así como por el informe anual en materia de derechos humanos del Departamento de Estado, donde se menciona sobre problemas significativos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, principalmente mujeres; tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación en casos de violencia de género, López Obrador sigue y sigue con el mismo discurso en que se hace la víctima y culpa de todo a sus supuestos adversarios.

Siempre con discursos o respuestas que son mentiras o medias verdades, según le acomode el momento, se refiere a sus villanos favoritos a los que insulta y descalifica en sus soliloquios mañaneros. Ya sean los dirigentes o legisladores de oposición, empresarios, académico, ministros de la Corte y “los voceros del bloque conservador”, pero jamás asume su responsabilidad como gobernante.

Pero vamos por partes. El viernes pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este mismo acuerdo, el ministro solicitó a las autoridades demandadas –Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal– que presenten su contestación dentro del plazo legal. Aunado a lo anterior, el ministro concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.

Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en controversias constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En este caso concreto, se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Al conocerse la resolución, López Obrador aseguró iracundo que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que suspendía de forma definitiva el paquete de reformas electorales conocida como «Plan B», confirman que los ministros “forman parte de la mafia del poder».

Desde Cancún, Quintana Roo, a donde arribó el fin de semana para supervisar las obras del Tren Maya, señaló que el anuncio hecho por el ministro Javier Laynez solamente confirma lo que ha dicho antes: “Los ministros son parte de la mafia del poder, con esto solo confirma lo que he dicho por años, pero aun así se habrá de avanzar”, y reiteró que el Poder Judicial requiere de una reforma ya que con el anuncio de Laynez, se confirmó que “está al servicio de grupos de poder y alejado de la gente”.

El pasado domingo, la Presidencia de la República, emitió un comunicado muy interpretativo y muy discutible, en donde sostiene que “en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto  Nacional Electoral (INE) y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado.

Esta es una parte textual del comunicado:

“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros. Es decir, se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente.

“La Constitución solo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos. Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto. Asimismo, es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria.

“Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes.

“Por estas razones, el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.

Como se ve, la resolución le dolió hasta los huesos a López Obrador y a sus asesores legales y ahora será el pleno quien confirme o modifique la resolución del ministro Laynez Potisek, el cual, por cierto, se apegó a lo establecido por la Constitución y en la ley reglamentaria respectiva. Con insultos, amenazas y sombrerazos no se resuelven las cosas. Ayer mismo, en la mañanera, insistió en que “este ministro se extralimitó, se excedió”, y redujo el fondo del litigio en que “lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca”. Y anunció que en caso de que pierda este juicio, ya tiene el “Plan C” y consiste “pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”. A ver qué pasa.

Otro tema que llamó la atención fue la ejecución en la sierra de Sinaloa-Chihuahua, del narcotraficante y asesino, José Noriel Portillo, alias El Chueco, a quien se le atribuyó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, hechos que se registraron en Cerocahui, Chihuahua, el 20 de junio de 2022.

La Compañía de Jesús en México se pronunció sobre el asunto y adelantó que la eventual confirmación del homicidio de Noriel Portillo no representará ningún triunfo de la justicia mexicana: “Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia, ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara”, externó la institución mediante un comunicado oficial; señalando más bien que la posible ejecución de “El Chueco” sería resultado de la ausencia de un proceso legal conforme a derecho.

Bajo esa línea, también declaró que el hallazgo –primeramente, informado por medios locales y confirmado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– implicará un fracaso del Estado mexicano para garantizar paz y seguridad, así como un rebase a las autoridades de seguridad. “La ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.

Fiscalía de Sinaloa confirmó que el ADN de los restos encontrados en Choix corresponde al “Chueco”. Y fue en el transcurso de la mañana de este 22 de marzo que las autoridades federales y estatales confirmaron el hallazgo. Y aunque la fiscalía general del estado de Chihuahua informó que la identidad del occiso no será plenamente confirmada hasta obtener los resultados de una prueba de ADN, el reconocimiento por parte de uno de sus familiares podría indicar que sí se trata de El Chueco, cuyo paradero se desconoció por nueve meses tras el asesinato de los sacerdotes de Cerocahui.

Andrés Manuel López Obrador reveló que fue muy lamentable lo que sucedió con los sacerdotes y que esto se originó porque hubo complicidades, porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que actuaban ahí en Creel y en Urique con completa impunidad. Dijo que se descubrió que este señor era patrocinador de un equipo de béisbol. Cuando comete el asesinato y uno de los sacerdotes asesinados lo conocía porque le dice: ‘No me hagas esto’, y le llama por su apodo, aun así lo ejecuta. Entonces, era una gente ahí conocida. ¿Qué hicimos?…pues desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la Defensa, se inició la búsqueda. Nos mandaron a decir que, si salía el Ejército, iban a entregar los cuerpos y dijimos: no. Y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer. Porque la propuesta es: ‘Ya, entregamos los cuerpos y váyanse’, y dijimos: no.

— ¿Quién hizo la propuesta?

— Del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua.

— ¿La gobernadora? ¿La fiscalía?

López Obrador: Hagan ustedes también su trabajo. ¿No son mirones profesionales? ¿Qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió el Ejército, se mantuvo; y lo mismo la Guardia Nacional.

— ¿Le dijeron cómo murió este personaje?

— Lo ajusticiaron. También no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda e iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día.

— ¿Con la muerte de “el Chueco” va a regresar la tranquilidad de quienes viven en esa región?

López Obrador: Eso es lo que nosotros queremos. Acuérdense de que antes de encontrar a esta persona asesinada ya se había llevado a cabo la detención de un número importante de integrantes de su grupo. Esto que estoy diciendo ahora, que no podía yo decir por razones de seguridad es también un informe para el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que sólo se ha dedicado a acusarnos. Ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, y que reconozca que ya no son los tiempos de antes de que había impunidad, de que sucedían estos hechos lamentables, estos asesinatos, y no se castigaba a los responsables…bla, bla, bla… ahora es que todas estas organizaciones supuestamente no gubernamentales o independientes, de la llamada sociedad civil, están en contra de nosotros, casi todas financiadas por instituciones del extranjero.

Nuevamente se pone como víctima y no como responsable de un gobierno de la República. Carajo. Y sus seguidores haciéndole el caldo gordo. No hay más ciego que el que no quiere ver. Allá él y su consciencia.