Historias Surrealistas/Javier Velázquez Flores

AMLO, el opaco y sus obras

Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves nuevamente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No desea que haya transparencia sobre la realización de sus mega obras.

Apenas después del mediodía, cuando se enteró de que el pleno de la Corte había declarado inconstitucional su decreto de 2021, que reservaba la información de sus obras, por tratarse de interés público y de seguridad nacional, presentó ayer mismo un decreto en el mismo sentido.

¿Es posible que el presidente de la República vuelva a presentar prácticamente un decreto igual al que fue echado abajo por la SCJN? ¿Se trata de una acción de desacato hacia la Corte? Sin duda, volverán a surgir inconformidades y la Corte volverá a pronunciarse al respecto.

La Corte invalidó ayer un decreto del presidente, emitido en 2021, que clasificaba como «asuntos de Seguridad Nacional» los proyectos prioritarios de la 4T,  impugnado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por considerarlo inconstitucional.

Ahora, en el nuevo decreto, el ejecutivo federal argumentó que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su plataforma logística y demás infraestructura, por su ubicación geográfica entre Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, son estratégicas debido a que permite comunicar el océano Pacífico con el Golfo de México y el océano Atlántico. Es decir, puras obviedades, porque eso no justifica sus intenciones.

Y añadió que mientras que los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, por su ubicación geográfica resultan “estratégicos” para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur. Además, territorial y operativamente son complementarios del funcionamiento y operación del Tren Maya.

Señaló que el Consejo de Seguridad Nacional, mediante acuerdos del 11 de julio de 2022 y 3 de mayo de 2023, declaró como de seguridad nacional e interés público el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, respectivamente, en razón de los objetivos que persiguen, de su ubicación estratégica en el territorio nacional y de la naturaleza de la prestación de sus servicios.

“Por tanto, la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo, tanto del Tren Maya, cuya ruta comprende los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya área de influencia incluye los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco, y va desde Puerto Chiapas a Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas, e incluye las líneas ferroviarias «K», «Z», ramal «ZA», «FA» y ramal Dos Bocas a Roberto Ayala, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, son también de seguridad nacional”, enfatizó.

El INAI anunció que insistirá en defender el derecho a acceder a información pública y analiza mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo Decreto del Ejecutivo.

Al medio día, con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al presidente al invalidar, por mayoría, el decreto mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.

En la sesión de este jueves, el pleno de la SCJN determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del INAI.

La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que la reserva de información tiene un carácter excepcional, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

“Además la doctrina constitucional que yo he compartido desde hace más de 5 años, ha establecido que la reserva debe hacerse caso por caso, previa prueba de daño y que el sujeto obligado debe realizarlo de manera fundada y motivada”, indicó.

La ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que la norma combatida genera un efecto de opacidad y “anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional”: No hay un margen claro de qué hacer, ni para los servidores públicos involucrados ni para la sociedad, ni para la información”.

Sin duda, López Obrador intensificará sus ataques contra la Corte, porque representa el baluarte más importante para respetar la legalidad y frenar sus intenciones de atropellar con sus acciones la transparencia que debía existir en su gobierno.

Su obstinación para que el ciudadano no conozca a detalle la información relacionada con sus obras públicas emblemáticas, no tienen nada que ver nada con seguridad nacional. ¿Por qué se tiene que ocultar la información sobre una refinería, un aeropuerto civil o un tren? No se trata de obras militares, aunque con la llegada de estos a la administración pública, AMLO tendría el mejor pretexto para hacerlo.

Es tramposo afirmar que las obras fueron construidas o son administradas por las fuerzas armadas y, por ello, se trata de secretos de Estado, mentira y mil veces mentira, porque son iguales a las construidas en años pasados, a las cuales no se les consideraba secretos militares.

Con su estrategia, lo único que demuestra López Obrador es su intención de ganar tiempo para alargar hasta fines de su gobierno la opacidad prevaleciente sobre el costo elevado de las obras, el derroche de recursos, las adjudicaciones directas de contratos, la destrucción de la naturaleza con su construcción y otras anomalías denunciadas desde diversas tribunas.

En el fondo, AMLO quiere mantener la opacidad sobre sus mega obras.  Esa es la intención y hay que decirlo claramente.

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