Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Los organismos autónomos peligran ante el asecho de gobierno de López Obrador…

La sarta de estupideces del ex presidente Vicente Fox que dijo en una entrevista, sirvieron de justificación para que Andrés Manuel López Obrador y sus corcholatas arremetieran en contra de la oposición y se le fueran nuevamente encima, con sandeces y calumnias, a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, cuyo equipo de asesores legales no se cansan de interponer recursos legales para frenar la embestida feroz del oficialismo.

Y mientras que las corcholatas y la propia Xóchitl Gálvez Ruiz, continúan recorriendo el país como si ya estuvieran en precampañas, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, insistió en que los dichos de López Obrador sí son violencia política en razón de género, por lo que acudirá una vez más a los tribunales para que sea inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política.

“Esto que hace el presidente en contra de mí es violencia. Me voy a ir a los tribunales y le voy a ganar, y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que inflan, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, declaró a hidalguense.

Aseguró que López Obrador está usando todo el poder del Estado en su contra y réplica las actitudes que alguna vez realizó el expresidente Vicente Fox: “El presidente me está echando todo el poder del Estado, todo, eso de lo que él se quejó y que decía que los presidentes no deberían, eso del ‘cállate chachalaca’ a Fox, él lo está replicando todavía más grave”, advirtió.

Esto, luego de que la comisión de Quejas y Denuncias del INE negó las medidas cautelares solicitadas por Gálvez Ruiz contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien denunció por ejercer violencia política en razón de género en su contra durante las conferencias mañaneras.

En su denuncia, la senadora había solicitado medidas cautelares consistentes en bajar de las plataformas del gobierno las mañaneras en las que López Obrador se refirió a ella como “títere” y “empleada”, y que el INE hiciera un llamado al primer mandatario para que no repita este tipo de expresiones. Sin embargo, en la resolución -que fue avalada con los votos de la consejera Rita Bell López y el consejero Jorge Montaño Ventura- puede leerse: “se declara improcedente la adopción de medidas cautelares”.

De acuerdo con la resolución, lo dicho por el tabasqueño no se considera violencia política en razón de género, porque las manifestaciones fueron una “crítica dura, propia del debate político; y no un señalamiento por su condición de mujer”.

En eso estamos y en las mañaneras, el frustrado de Macuspana cada vez que puede y quiere, se va en contra de los medios de comunicación al recordar que no lo favorecieron en sus campañas proselitista y estaban al servicio de poder político en turno. Eso mismo hace con sus aliados de La Jornada y con los medios de comunicación púbicos. Genaro Villamil reconoció que usa los recursos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) del que es presidente para difundir biografías y semblanzas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

“En el @SPRInforma y en el @canalcatorcemx se han hecho biografías y semblanzas con el mismo tiempo y duración de todos los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, escribió Villamil en su cuenta de Twitter, en respuesta a otro en el que se le cuestiona por usar el SPR para promover a “su amiga” Claudia Sheimbaum.

“¿Por qué @jenarovillamil utiliza un organismo del Gobierno de México para promover a su amiga Claudia Sheinbaum?”, decía el tuit. Villamil respondió que bajo su administración los medios de comunicación del SPR hacen materiales para todos los aspirantes de Morena, no sólo para Sheinbaum.

Por otra parte, tanto la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hablaron la semana pasada en foros internacionales donde denunciaron que los órganos autónomos del país enfrentan un asedio y se intenta debilitarlos por parte del Ejecutivo y de los grupos legislativos afines.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó el pasado 21 de julio en Nueva York que la independencia judicial no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión superior para los juzgadores, sino una garantía para los ciudadanos.

“En mi País, pero no solo en mi País, sino lamentablemente en gran parte del mundo, surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial. Pretenden mermar, a veces de forma sutil, otras de forma directa, la independencia de los poderes judiciales. Intentan diluir la división de poderes”, dijo.

“La historia se repite. Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De esta dimensión es el reto que enfrentamos”, agregó Piña Hernández al participar en el Congreso Mundial de Derecho, que organiza la Asociación Mundial de Juristas, órgano consultivo de Naciones Unidas.

En el panel sobre Justicia y Estado de Derecho, en el que también estuvieron Anthony Kennedy, juez retirado de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Maite Oronoz, presidenta de la Suprema Corte de Puerto Rico, entre otros, Piña Hernández sostuvo que se intenta diluir la división de poderes y, con esa pretensión, vulneran no solo uno de los pilares más básicos de las democracias, sino también los derechos humanos de las personas.

Norma Piña, indicó en su discurso que la independencia del Poder Judicial “no es un privilegio, una ventaja excesiva o una concesión superior para los juzgadores, sino campo fértil para que surja la justicia que demanda la sociedad. Digámoslo claro, sin independencia judicial no hay justicia”. Agregó que es la independencia no basta, sino que es fundamental sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la función judicial.

A su vez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, durante su participación en la Segunda Sesión Ordinaria 2023 de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, dijo que en general, los órganos autónomos del país enfrentan un asedio y se intenta debilitarlos.

“Debemos de tener cuidado, porque debilitarnos, incluso, imposibilitarnos, primero, desaparece el equilibrio, el equilibrio sano (del poder) y, segundo, pues se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, advirtió la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y expuso que el INAI vive una parálisis desde el 1 de abril, por la falta de nombramientos de tres Comisionados, de parte del Senado de la República.

La comisionada destacó que está en juego la garantía de dos derechos humanos, previstos en la Constitución: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, sobre los cuales el INAI ya tiene un acumulado de más de 7 mil recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía, que se encuentran pendientes de resolución: “La esperanza que tenemos hoy en día está basada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos otorgue la suspensión (y el Pleno pueda sesionar con cuatro integrantes); pero la designación sí está en riesgo, porque al Senado se le ha ordenado varias veces hacerla – por tribunales y por jueces – y ha hecho caso omiso”, resaltó.