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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de julio de 2023.- En el periodo de 2021 a 2023 de la actual administración de María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aumentaron mil 892.3 por ciento las quejas o denuncias ante el Órgano Interno de Control en los que se investiga la comisión de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa.
En comparación a los 14 casos registrados durante 2018 y 13 en total en 2019, bajo la titularidad del anterior ombudsman Luis Raúl González Pérez, el Informe de Actividades de la CNDH, correspondiente al primer semestre de 2023, remitido a la Comisión Permanente, da cuenta del trámite de 537 expedientes de investigación iniciados por quejas o denuncias recibidas en este Órgano Fiscalizador por actos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas del organismo defensor, es decir, posibles actos de corrupción.
El oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria precisa que, de los 537 expedientes atendidos en el primer semestre de 2023, 45 de ellos quedaron pendientes de 2021, 233 quedaron pendientes de 2022 y 259 expedientes ingresaron en este periodo reportado.
De la atención brindada, la CNDH señala que 166 expedientes fueron concluidos por no reunirse elementos de posible responsabilidad administrativa, cuatro casos fueron acumulados y 53 casos se turnaron al Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica para el inicio de trámite del procedimiento de responsabilidad administrativa. Los 314 restantes se encuentran en trámite.
No obstante, en la calificación que otorga la Comisión a los expedientes de investigación por quejas o denuncias turnados para inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en 53 casos “no se manifiestan elementos de conductas graves por las personas servidoras públicas, como resultado de las acciones de prevención, a través de la fiscalización y sensibilización en materia de ética que lleva a cabo el Órgano Interno de Control”.
De los 259 expedientes de investigación por quejas o denuncias iniciados de enero a junio de este año, 154 casos son patrimoniales, 37 por desatención a la normatividad interna, 32 por deficiente integración, ocho por conductas inadecuadas y uno por extravío de constancias.
El documento define que la responsabilidad de cualquier Órgano Fiscalizador, en este caso el Órgano Interno de Control, es la de vigilar que los recursos con los que cuenta se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos a que están destinados, para ello la visión integral es fundamental ya que además de la normatividad que rige a la Institución.
Además, vigilar la alineación con la Misión, Visión y el propio programa Institucional deben tenerse presentes los Lineamientos de Austeridad y el Plan Nacional Anticorrupción, todo ello con un enfoque preventivo que permita identificar y administrar los riesgos institucionales y anticipar situaciones de incumplimiento, advertir malos manejos de recursos, así como inhibir las conductas fuera de la norma.