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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2023.- Ante el uso de servicios de IPs dinámicas por parte de proveedores de telecomunicaciones en México que alimenta los delitos cibernéticos, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), urgió a que México se adhiera al Convenio de Budapest y se homologue un sólo Código Penal en el país.
En el foro ‘El futuro de la tecnología en procesos penales’, convocado por la senadora Olga Sánchez Cordero del Grupo Parlamentario de Morena, el funcionario advirtió de una serie de actos delictivos que no están tipificados correctamente y que a diario trascienden a la sociedad de manera grave.
“¿Quién no ha sido objeto de alguna llamada, de algún mensaje de extorsión? El famoso Ransomware o Fishing y todas las modalidades que se tienen a través de los medios tecnológicos para cometer delitos”, indicó.
El Titular de la Agencia de Investigación Criminal alertó de la falta de legislación para que los prestadores de servicios digitales resguarden información y datos de usuarios por lo menos de tres a cinco años en la nube o en el servidor que quieran, pero actualmente la Ley no los obliga.
“Qué pasa si ese proveedor de servicios telecomunicaciones, como la mayoría en México, utilizan servicios de IP dinámica que cada 20 o 30 segundos las están cambiando y con ello se borra la evidencia digital de quién cometió el delito y dónde lo cometió y de qué dispositivo.
«Porque yo le puedo pedir la información a Meta de manera justificada y me la responde en un tiempo perentorio prudente, pero voy después de que me informa con el concesionario mediante el cual se envió ese mensaje y me dice: no tengo la IP porque la tengo dinámica y la ley no me obliga a tener un resguardo de IPs», explicó.
De nada servirá tener toda la información, tener tipificado el delito si los medios de comunicación, los prestadores de servicios digitales no se suman a este compromiso.
«La Ley no los obliga de que tengan cuando menos tres a cinco años de resguardo en el medio que quieran, puede ser en la nube», añadió.
“Una periodista amenazada en público, amenazada por un cártel… ya tenemos la zona pero no tenemos dónde está la IP exacta el delincuente. Tengo una zona de seis cuadras, pero como en esa cuadra cambió 500 veces de IP en un día, ¿por quién voy?”, compartió el maestro Gallo Gutiérrez sobre los obstáculos a los que se enfrentan las fiscalías para las investigaciones de ciberdelitos.
El Convenio de Budapest responde a la necesidad de países europeos y más signatarios en aplicas una política penal común de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional.
En su intervención, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, consideró “importantísimo el poder adherirnos a este convenio, pero más allá de adherirnos, el poder establecer nosotros en nuestro Código de Procedimientos Penales, los 14 tipos penales que claramente están ahí definidos serían unos de los primeros grandes pasos”.
“Ojalá podamos integrar un sólo Código Penal en el país, dado que muchos delitos del orden local utilizan medios electrónicos para la comisión de ellos, el fraude específicamente, a través de la suplantación de identidad”, planteó en presencia de la senadora Olga Sánchez Cordero.
Hay 89 países miembros en este Convenio, 68 lo han ratificado y 21 han sido invitados, México es uno de ellos.
Los beneficios que tendría esta decisión serían los alcances en la investigación, no solamente de tipificar el delito, sino otorgar facultades a los órganos que se encargan de investigar los delitos cibernéticos.