Pide Fiscal desestimar caso contra Trump por interferencia electoral
CIUDAD DE MÉXICO., 1 de agosto de 2023.- Un cabecilla relacionado con un cártel mexicano fue sentenciado en los Estados Unidos a 121 meses de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero en la comunidad de Saint George, Utah.
La detención se derivó de una extensa investigación apodada “Operation Sour Cream” (Operación Crema Agria).
Lo anterior lo destacó en un post el embajador Ken Salazar, quien señaló que esta condena a cabecilla vinculado a cártel mexicano reafirma el compromiso para llevar ante la justicia a quienes buscan envenenar a México y Estados Unidos.
Gracias a las investigaciones de agencias estadounidenses a través de la Operación Sour Cream (crema agria) fue posible desarmar sus sofisticadas y redituables operaciones, en las que involucró a miembros jóvenes de la comunidad, incluido su propio hijo adolescente, destaca el comunicado del embajador.
Con esta acción, el Departamento de Justicia nuevamente mandó un mensaje del compromiso del Gobierno de los Estados Unidos para desarticular a las organizaciones criminales trasnacionales, dejando en claro que quienes buscan envenenar a nuestras comunidades con el flagelo de las drogas enfrentarán el peso de la ley.
Entre otros delitos, esta persona estuvo involucrada en el tráfico ilegal de metanfetamina, la cual transportaban en grandes botes de crema agria, además, estuvo vinculado con el tráfico ilegal de miles de píldoras de fentanilo.
El hecho de involucrar a jóvenes en sus actividades ilícitas subraya que la codicia de los cárteles no conoce límites, por lo que esta sentencia y la desarticulación de sus operaciones contribuye directamente al bienestar y la seguridad de la gente en los Estados Unidos y en México.
“Con una perspectiva integral que involucra a todo el Gobierno de los Estados Unidos, continuaremos haciendo un frente común con México para proteger a nuestras naciones del flagelo de las drogas sintéticas y sus precursores”, señala el comunicado de Ken Salazar.
La visita a México de la delegación encabezada por la asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood-Randall, la cuarta que ella realiza, reafirma este compromiso compartido para proteger la salud de nuestros pueblos y trabajar juntos en nuestra seguridad.
El gobierno de Estados Unidos destaca que: “un ciudadano extranjero ha sido condenado hoy a 10 años de prisión tras admitir haber distribuido grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina y marihuana en St. George”.
Según los documentos judiciales, Ángel Rubio-Quintana, de 42 años y residente en St. George, Utah, fue descubierto por los agentes en marzo de 2020, tras enterarse de que un individuo de St. George estaba recibiendo grandes cantidades de metanfetamina de un cártel mexicano.
Durante una extensa investigación apodada “Operation Sour Cream” (Operación Crema Agria), los agentes se enteraron de que el Sr. Rubio-Quintana dirigía los esfuerzos de la organización para importar y distribuir drogas desde México.
Entre octubre de 2021 y febrero de 2022, los agentes interceptaron más de 200 llamadas telefónicas en las que el Sr. Rubio-Quintana negociaba precios y cantidades de droga con sus proveedores de droga mexicanos.
Los agentes llevaron a cabo al menos 13 compras controladas en las que adquirieron metanfetamina y fentanilo a miembros de la asociación delictiva.
En la primera compra controlada, las drogas se entregaron en un gran cubo de crema agria que contenía metanfetamina. En este caso se trata de miles de pastillas de fentanilo, 3.5 kilogramos de metanfetamina y 45 libras de marihuana.
Entre junio de 2021 y enero de 2022, la organización de Rubio-Quintana envió más de 60 transferencias electrónicas a proveedores mexicanos de drogas, por un total de más de $58,000 dólares estadounidenses. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el Sr. Rubio-Quintana ha aceptado renunciar por decomiso a $23,666 dólares estadounidenses. Se enfrenta a la deportación tras su condena de 121 meses de prisión.
“Las acciones del Sr. Rubio-Quintana pusieron en peligro la seguridad de la comunidad de St. George”, declaró la fiscal federal Trina A. Higgins, del distrito de Utah. “No sólo distribuía estupefacientes peligrosos, sino que también se aprovechaba de jóvenes ingenuos convenciéndoles para que se unieran a su asociación delictiva. Agradecemos los esfuerzos de todos los organismos del orden público que han participado en esta investigación y en la remoción de este delincuente de nuestras comunidades”.
“La comunidad del sur de Utah puede sentirse ahora más segura sabiendo que el Sr. Rubio-Quintana ha sido condenado a una larga pena de prisión”, declaró el agente especial a cargo interino Cheyvoryea Gibson, del FBI de Salt Lake City.
“Como jefe de una organización de narcotraficantes, Rubio-Quintana era responsable de la importación de drogas mortales a St. George y a otras zonas del oeste de Estados Unidos. Incluso reclutó a miembros jóvenes de la comunidad, incluido su propio hijo adolescente, para que participaran en el tráfico local de drogas», cita el comunicado.
La misión del FBI, junto con la de sus colaboradores policiales, es garantizar la seguridad de sus comunidades. Señalan que esta sentencia sirve de advertencia a otros de que el tráfico de drogas tendrá graves consecuencias.
“El Sr. Rubio-Quintana era el líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolíficas y sofisticadas del sur de Utah. Su condena, junto con el desmantelamiento de su red de distribución, significa la persecución implacable de la Administración para el Control de Drogas de los individuos que distribuyen veneno a través de nuestras comunidades”, dijo el agente especial adjunto a cargo Dustin Gillespie. La sentencia dictada hoy es el resultado de un gran esfuerzo de colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en Utah”.
El caso fue investigado conjuntamente por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE. UU., Operaciones de Cumplimiento Normativo y Expulsión (ERO), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Grupo de Acción Antidrogas del condado de Washington.
Los fiscales adjuntos Stephen P. Dent y Angela M. Reddish-Day, del distrito de Utah, procesaron el caso.