Revelan que ningún magistrado del TEPJF se inscribió en elección judicial
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2023.- Luego de la aprehensión de un servidor público de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, por la posible comisión del delito de feminicidio en el caso de Ariadna Fernanda, en su calidad de auxiliador, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que la Policía de Investigación (PDI) no participó en la detención.
“Es necesario hacer hincapié en que los agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no participaron en la detención del servidor público en el estado de Morelos y la persona asegurada fue entregada en esta Ciudad de México, con acta de entrega – recepción, a los elementos de la PDI, a fin de ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Al señalar que el cumplimiento del mandamiento judicial se llevó a cabo en el marco de la Ley y con pleno respeto a la autonomía de esa institución de procuración de justicia, sostuvo que la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas solicitó, por escrito, la colaboración de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) para cumplimentar la orden de aprehensión, así como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de esa entidad, para brindar las facilidades necesarias para ejecutar el mandamiento judicial.
“Es importante señalar que luego de que fue asegurado y certificado médicamente en el estado de Morelos, el hoy imputado fue trasladado por los elementos aprehensores a la Ciudad de México, para ser entregado a agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX, quienes lo pusieron a disposición de un juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente”, indicó.
Agregó que las actuaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han ajustado estrictamente a lo que establece la Constitución y la Ley, además de ser revisadas por el Poder Judicial.